La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, junto con la Consejería de Fomento, ha desarrollado el Decreto 75/2018, de 23 de octubre, con el objetivo de regular el procedimiento administrativo que se debe seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales sujetos a la intervención por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente en la aprobación inicial o modificación de las tarifas adoptadas por los municipios u otras entidades locales.
De acuerdo al nuevo Decreto, los precios sujetos a intervención por parte de Castilla-La Mancha son los que corresponden a abastecimiento de agua potable en poblaciones, transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo y transporte público urbano colectivo de viajeros.
Dicha intervención en los precios de los servicios públicos municipales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizará a través de la emisión de un informe preceptivo por los órganos competentes en las materias sustantivas objeto de tarifa por los municipios u otras entidades locales.
La aprobación del decreto por parte del Gobierno regional, implica un ejercicio de simplificación y agilización administrativa que reduce costes de la intervención administrativa y le da mayor protagonismo a las corporaciones locales, acercando la toma de decisiones al ámbito más inmediato de los ciudadanos.
Asimismo, esta norma da respuesta a una demanda de los distintos sectores representados en la ahora extinta Comisión Regional de Precios y asegura la consulta previa a las personas consumidoras a través de sus asociaciones.
Para facilitar la adecuación al nuevo procedimiento establecido la Dirección General de Salud Pública y Consumo, en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla- La Mancha, remitirá a todos los municipios de la región un documento que ilustrará gráficamente el procedimiento a seguir con arreglo a esta nueva regulación.
Castilla-La Mancha ejerció la competencia de precios autorizados transferida mediante el Real Decreto 2311/1982, del 24 de julio, que le atribuyó a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las competencias, funciones y servicios de la Administración General del Estado en la intervención de precios, a través del organismo de la Comisión Regional de Precios.
Esta materia se regula en el Decreto 84/1984, de 10 de julio, a su vez modificado por Decreto 109/1988, de 26 de julio, que atribuye competencias a la Comisión Regional de Precios y modifica su estructura.
El nuevo Decreto 75/2018, de 23 de octubre, ha permitido la revisión del anterior procedimiento administrativo definido, atendiendo a la evolución de la intervención administrativa en esta materia.
