La reciente orden ejecutiva del gobierno busca abordar uno de los aspectos más debatidos de la regulación federal: la sobrecriminalización. Con un extenso marco normativo que abarca más de 48,000 secciones y 175,000 páginas, la complejidad del Código de Regulaciones Federales ha llevado a una situación en la que los ciudadanos, en muchos casos, desconocen las leyes que podrían acarrearles consecuencias penales. Esta realidad se agrava por la dificultad de determinar cuántos delitos existen en este código, con estimaciones que fluctúan desde decenas de miles hasta cientos de miles.
La nueva política establece que la criminalización de los delitos regulatorios es generalmente indeseable y que las acciones penales deben centrarse en aquellos que saben, o deberían saber, que sus conductas son ilegales. Esta declaración representa un cambio significativo en la manera en que se enfrentan las violaciones regulatorias, buscando evitar que ciudadanos comunes sean tratados como criminales por infracciones que no conocían.
Un punto clave de la orden es la crítica a los delitos de “responsabilidad estricta”, que no requieren demostrar la intención ilícita del infractor, lo que puede dar pie a abusos de poder. Al simplificar el proceso y exigir que las agencias informen específicamente sobre las infracciones penales y el estado mental requerido para ser culpable, la orden busca dejar claro para los ciudadanos qué conductas son prohibidas y las posibles sanciones que enfrentan.
Asimismo, cada agencia debe presentar un informe dentro de un año, que detalle todas las ofensas regulatorias con implicaciones penales, incluyendo la descripción de las penalizaciones y los estándares de culpabilidad aplicables. Este enfoque no solo aumentará la transparencia, sino que también proporcionará las herramientas necesarias para que los ciudadanos comprendan mejor el entorno regulatorio en el que operan.
Otra medida importante es la promoción de la transparencia regulatoria. Todos los avisos de normativa y reglas finales que puedan considerarse ofensas penales deberán incluir una declaración clara de que están sujetos a posibles sanciones criminales. Esto contribuirá a garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información vital, ayudando a prevenir violaciones involuntarias de la ley.
La orden ejecutiva subraya que este esfuerzo no se aplicará a leyes de inmigración o de seguridad nacional. En un contexto donde la regulación puede facilitar el abuso y la opresión, la iniciativa pretende equilibrar el papel del gobierno al evitar que la carga recae en individuos sin conocimiento de la ley.
Al final del día, este movimiento refleja una creciente preocupación por la justicia regulatoria y la necesidad de proteger a los ciudadanos de un sistema donde las violaciones inadvertidas puedan transformar a personas comunes en criminales. La administración busca facilitar un entorno donde los derechos de los ciudadanos sean protegidos en la misma medida que se promueve la legalidad en las prácticas comerciales y sociales.
Fuente: WhiteHouse.gov
