CCOO-Industria CLM, UGT-FICA CLM, CERMI y FACUA rechazan que el Gobierno de CLM haya dado vía libre a las gasolineras desatendidas a través del Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha.
Las cuatro organizaciones argumentan que es un error eliminar la obligatoriedad de contar con al menos un trabajador o trabajadora en las gasolineras, algo contemplado en el anterior decreto de 2005; y advierten que, pese a su título, el nuevo decreto no garantiza los derechos de las personas consumidoras; no cumple con la accesibilidad a este servicio público que deben tener las personas con discapacidad; no garantiza la seguridad de las instalaciones; destruye empleo y fomenta la despoblación.
Por ello, sindicatos y organizaciones se plantean recurrir el decreto por la vía contenciosa y piden que el nuevo Ministerio de Consumo establezca una normativa nacional para blindar derechos de trabajadores y consumidores.
El secretario general de CCOO Industria CLM, Ángel León, ha detallado que, desde la liberalización del sector de estaciones de servicio y carburantes por la Ley de Emprendedores de 2013, casi todas las nuevas estaciones no cuentan ya con personal: en 2014 había 584 estaciones de servicio con 2.600 trabajadores en CLM mientras que a diciembre de 2019 había 916 con tan solo 12 trabajadores más.
En esta línea Carmen Colchón, responsable de acción sindical de UGT FICA CLM, ha explicado que esto ha sucedido por la falta de un régimen sancionador en la anterior normativa y los reiterados incumplimientos por parte de las empresas. “Precisamente lo que intentábamos negociar era ese régimen sancionador, pero se ha impuesto un retroceso para las personas discapacitadas y para los consumidores, que además va a destruir empleo sobre todo femenino, porque el 60% de los empleados del sector son mujeres”.
Por su parte, el gerente del CERMI en CLM, José Antonio Romero, ha lamentado que CLM pierda “una normativa pionera” y ha recordado que “no es una opción cumplir con la accesibilidad, es una obligación legal”, y ha advertido que los requisitos que establece el nuevo decreto para los surtidores adaptados no solucionan todos los problemas de accesibilidad.
“Debería establecerse, como se ha hecho en Extremadura y la Comunidad Valenciana, que entre las 07.00 horas y las 22.00 haya como mínimo un trabajador en las estaciones que pueda auxiliar tanto en el repostaje como en los cobros a las personas con discapacidad”, reclamó Romero.
Al respecto, Margarita Mena, trabajadora de una gasolinera y responsable de Estaciones de Servicio de CCOO-Industria CLM, ha subrayado que en las estaciones desatendidas tanto las personas con discapacidad como las personas mayores, las mujeres embarazadas o cualquier usuario, e incluso las propias instalaciones, quedan expuestos a riesgos, errores o usos indebidos, incidentes o accidentes, que el decreto no resuelve al no exigir la presencia de ningún responsable.
Por su parte, el presidente de FACUA CLM, Paco Ferrer, ha asegurado no entender que “dependiendo del lugar donde residamos tengamos unos derechos diferentes”; y ha animado a denunciar cualquier incumplimiento a todas las personas que vean dañados sus derechos en una estación desatendida.
