La secretaria general de CCOO-Servicios a la Ciudadanía de Castilla-La Mancha, Lola Cachero, ha exigido a todas las administraciones de la región –Junta de Comunidades, diputaciones y ayuntamientos– así como a las empresas públicas Geacam y Castilla-La Mancha Media (CMM) que abonen cuanto antes el 1,5% de subida salarial adicional aprobada por el Consejo de Ministros de la pasada semana, consensuada hace unas semanas en el acuerdo con CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Este incremento beneficiará a un total de 118.830 empleados y empleadas públicas de la región.
Cachero, acompañada por la secretaria regional de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y coordinadora del Área Pública de CCOO, Chelo Cuadra, y de la secretaria regional de CCOO Enseñanza, Ana Delgado, ha explicado que esta nueva subida, que tiene carácter retroactivo, se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año.
«Al tener carácter retroactivo supone que nos tienen que pagar los atrasos que se han generado ya, que han de ser abonados antes del 31 de diciembre de este año mediante una sola paga. Si algunas administraciones, como la local, tienen que pedir por causas excepcionales un préstamo para poder abonar este incremento tienen como plazo máximo hasta el 30 de marzo de 2023 para poder hacer efectivo este pago», ha detallado Cachero.
Si a las 919 entidades locales de Castilla-La Mancha les ha pedido que hagan cuentas «cuanto antes» para pagar ese incremento del 1,5%, a la Junta de Comunidades le ha reclamado que facilite a las empresas públicas los medios necesarios para que puedan agilizar el pago.
«Si puede ser en noviembre como lo va a abonar el Gobierno central, mejor», ha dicho la secretaria regional de CCOO-Servicios a la Ciudadanía, que ha añadido que serán un total de 135.851 los empleados públicos que hay en la región los que se beneficiarán de este aumento, 17.021 de ellos dependientes de la administración general del Estado.
Según ha explicado Cachero, el acuerdo cerrado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública también contempla que en 2023 las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023. El pacto del Gobierno con CCOO y UGT también contempla que en 2024 los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado, de tal modo que las partes pactaron una mejora salarial fija del 8% entre 2022 y 2024, con la posibilidad de llegar al 9,5%, en función de distintas variables.
«Este acuerdo, conforme a como está el panorama, es un acuerdo decente», ha valorado la responsable de CCOO-Servicios a la Ciudadanía de Castilla-La Mancha.
RECLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL
Por su parte, la secretaria regional de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y coordinadora del Área Pública de CCOO, Chelo Cuadra, ha dado cuenta de otro de los puntos que recoge el acuerdo marco, relativos a la reclasificación de la categoría profesional, que aún tienen que materializarse cómo se va a llevar a cabo.
Aunque la mayor parte de los afectados por esta reclasificación corresponde al personal estatutario de la sanidad pública, se extiende también a los técnicos de interpretación de lenguas de signos –unos 20 en Castilla-La Mancha– que pasarán del Grupo B a técnico superior.
En el caso de la Administración de la Junta de Comunidades compete también a los agentes medioambientales, profesionales del servicio de prevención y profesionales del servicio de informática, en total cerca de 800 profesionales que también pasarían al Grupo B.
Respecto al personal sanitario beneficiado, Cuadra ha hablado de los técnicos superiores de radiodiagnóstico y de laboratorio, cerca de 1.500 profesionales, que pasan al grupo B. En el caso de los profesionales de Enfermería, cerca de 7.000 en la región, pasarían de A2 al Grupo A1, al igual que los fisioterapeutas, matronas o terapeutas ocupacionales, en total cerca de 8.000 profesionales en la región.
En cuanto a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, cerca de 5.000 profesionales, pasarán del C2 al C1, al igual que los auxiliares administrativos, cerca de 3.000 profesionales. «Esto supone no solo un reconocimiento a la formación de estos profesionales, sino también un incremento importante retributivo dependiendo de la administración a la que pertenezcan y al grupo al que tengan que pasar adscrito», ha dicho.
Cuadra ha concluido señalando que ahora toca negociar otras categorías que deben estar contempladas en este acuerdo y deben materializarse en esa reclasificación formativa y retributiva a lo largo del año 2023.
ELIMINACIÓN DEL REAL DECRETO DEL 2012
Por último, la secretaria regional de CCOO Enseñanza ha destacado que otro de los puntos de este acuerdo marco es la eliminación definitiva de las medidas del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que provocó una merma en las condiciones de trabajo de empleadas y empleados públicos y de la actividad sindical de sus representantes.
Ana Delgado ha valorado que el Gobierno se haya comprometido a impulsar la reversión o derogación de aspectos que continúan en vigor, lo que supondrá una nueva regulación de la prestación económica por incapacidad temporal, la devolución de los derechos sindicales o la suspensión de los convenios colectivos basados en la alteración de las circunstancias económicas.
«Pido al Gobierno regional que tenga cintura para que siente a negociar y valorar este acuerdo que el Gobierno central ha firmado con CCOO y UGT, para conseguir revertir y volver a retomar el cauce del entendimiento que se había perdido este tiempo», ha concluido.
