Castilla-La Mancha hace suyas las reivindicaciones del sector hostelero de la región para elevarlas al Ejecutivo central en el marco de las reuniones que mantiene de manera constante y a diferentes niveles con los distintos ministerios, además de en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebran de manera semanal desde la puesta en marcha del estado de alarma a causa del COVID-19.
Dentro de estas reivindicaciones, el Gobierno regional ha apuntado la buena predisposición del Estado para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor más allá de la duración del estado de alarma, y ha solicitado que se agilice la tramitación y concesión de créditos ICO a pymes y autónomos y que se aborde una reforma en la Ley de las Haciendas Locales para impulsar bonificaciones en tasas e impuestos a la hostelería y el comercio, por parte de los ayuntamientos que lo deseen, a causa del COVID-19.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido esta mañana una reunión con representantes del sector de la hostelería y la restauración en Castilla-La Mancha, tanto con la Federación Regional como con representantes de las diferentes sectoriales provinciales, en la que se ha abordado la incertidumbre del sector a la hora de afrontar el proceso de desescalada y vuelta a la normalidad que habilita la apertura de los establecimientos de restauración, en un principio para la recogida de pedidos a domicilio, a partir de este lunes.
En el encuentro, en el que han participado también la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la directora del Sescam, Regina Leal; y la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía; Ana Isabel Fernández, el Gobierno regional ha reafirmado su compromiso de hacer suyas las reivindicaciones del sector, así como su defensa en la interlocución con el Ejecutivo central.
“Mantenemos un contacto directo y constante con el sector hostelero porque queremos escuchar sus reivindicaciones, que compartimos plenamente y hacemos nuestras, tanto para su traslado en nuestra interlocución con los ministerios como para nuestro trabajo como Gobierno”, ha dicho Patricia Franco, que ha recordado que el sector de la hostelería “fue uno de los sectores más afectados por la decisión de cierre de establecimientos, junto con el comercio”, y que desde ese momento “ha demostrado una gran responsabilidad y también una gran conciencia social, porque no ha dudado desde el principio en ponerse a disposición para el refuerzo en la prestación de los servicios sociales básicos”.
La consejera ha valorado esa “responsabilidad social desde el minuto uno” y ha detallado que el sector es uno de los más afectados por los ERTE por causa de fuerza mayor, concentrando el 20 por ciento de los que se tramitan en la región y con más de 47.000 personas afectadas, entre trabajadores y autónomos que han tenido que cesar su actividad, con un impacto estimado de 70,1 millones de euros desde el comienzo del estado de alarma.
La posibilidad de prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor para adaptar la vuelta a la actividad a las restricciones que se contemplan en el Plan de Desescalada trazado por el Gobierno central es precisamente una de las reivindicaciones que el Ejecutivo autonómico ha trasladado al Ministerio de Trabajo desde sectores como la hostelería y el comercio, una medida que la consejera cree que va por el buen camino.
“Vemos muy buena predisposición para llevar a cabo esta prolongación, y estamos a la espera de las decisiones que se adopten en el marco del diálogo social y en el Consejo de Ministros de la próxima semana, porque sería fundamental para tranquilizar al sector y que de esta forma pueda ir adaptando la incorporación de sus trabajadores en función de las casuísticas particulares de cada establecimiento”, ha subrayado Patricia Franco.
Además de esta medida, el Gobierno regional ha elevado a los diferentes ministerios otras actuaciones que responden a reivindicaciones del sector hostelero y también de actividades como el comercio, junto con la hostelería de las más afectadas por la declaración de estado de alarma.
Entre estas cuestiones, Patricia Franco ha avanzado la petición al Gobierno para que aborde la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para permitir que aquellos ayuntamientos que lo deseen puedan contemplar el COVID-19 como motivo para la bonificación de impuestos y tasas municipales, además de que se agilice la tramitación y concesión de los créditos ICO planteados por el Gobierno central para garantizar el acceso a la financiación de pymes y autónomos.
Por último, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha trasladado al sector el compromiso del Gobierno regional de trazar de manera conjunta con las Federación Regional y las sectoriales provinciales, el paquete de actuaciones específicas para la reactivación del turismo que se incluirá dentro del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19, y que superará los 8 millones de euros para el sector turístico.
“Seguiremos manteniendo un contacto constante y encuentros directos con la hostelería y trasladaremos todas sus reivindicaciones, fundamentales para un sector que ha mostrado una ejemplaridad y responsabilidad absoluta desde el inicio de la crisis del COVID-19”, ha finalizado Patricia Franco.
