El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de hoy el anteproyecto de Ley de Cámara de Cuentas, con el que el Ejecutivo autonómico recupera un órgano de control de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido hoy en rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, ha explicado que la previsión del Ejecutivo autonómico es remitir esta iniciativa legislativa al Parlamento regional como proyecto de ley dentro del actual periodo de sesiones o, si no fuera posible, al principio del siguiente, que se iniciará en septiembre, con el objetivo de que pueda estar aprobado y en vigor antes de acabar el año.
La creación de este nuevo órgano fiscalizador externo propio es un compromiso que adquirió el presidente, Emiliano García-Page, en el último Debate del Estado de la Región celebrado en octubre de 2020, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.
Ruiz Molina ha detallado que el anteproyecto de Ley consta de 45 artículos, distribuidos en cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final y que “la principal característica y fortaleza es que será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria”, lo que le permitirá “actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización”, según ha puntualizado el consejero.
Del mismo modo, ha indicado que dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y que es el propio Gobierno regional quien se ha autoimpuesto promover su recuperación, con el objetivo fundamental de mejorar el control y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas y de que la ciudadanía tenga “la tranquilidad de que el dinero público se gasta bien, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”.
Principales funciones
Asimismo, Ruiz Molina ha señalado que estarán sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas: el sector público regional, que comprende la administración de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Administración regional, sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público regional; así como las entidades locales, el Consejo Consultivo y la Universidad de Castilla-La Mancha.
También quedarán sujetas a su actuación fiscalizadora las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones o de ayudas públicas, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público regional y los partidos políticos, en lo que respecta a la gestión de las subvenciones o asignaciones por gastos electorales procedentes del presupuesto de la Junta.
Además, la Cámara de Cuentas tendrá entre sus funciones el asesoramiento de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto del Parlamento; la instrucción de los procedimientos de enjuiciamiento que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y promover la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Todo ello en coordinación y cooperación con el Tribunal de Cuentas, como ya se actuó con la extinta Sindicatura de Cuentas.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado las oportunidades que ofrece este órgano, entre ellas, facilitar un control más directo de las finanzas públicas regionales, permitir que sus recomendaciones sean más fáciles de aplicar por la proximidad y cercanía con las instituciones que supervisa y fiscaliza, mejorar la transparencia de la actividad económica, financiera y contable del sector publico regional por el mayor nivel de detalle y profundidad con la que puede ejercer su labor fiscalizadora y, en definitiva, fortalecer el control democrático en la gestión pública.
Ruiz Molina ha confiado en contar con el respaldo unánime de la Cámara autonómica a esta norma, con la que Castilla-La Mancha se incorporará de nuevo al grupo de comunidades que ya disponen de un órgano propio de control externo, que son doce hasta la fecha, y que permitirá contribuir a garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía a una buena administración.
Estructura de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas contará con una presidencia, cuya persona titular será elegida por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha por mayoría de tres quintos, en primera votación, o por mayoría absoluta, en segunda votación, entre profesionales con titulación académica superior, de reconocida competencia y con más de seis años de experiencia profesional. Su mandato será de seis años, renovable por una sola vez de manera automática.
En este sentido, el consejero ha añadido que la mayoría cualificada exigida “no pretende sino reforzar tanto el carácter consensuado de su designación como la autonomía e independencia en el ejercicio de su función”.
También dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la presidencia de la Cámara de Cuentas entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia profesional. En el anteproyecto, como impulso a la igualdad de género, se precisa que se velará por la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos nombramientos.
Además, contará con un secretario o secretaria general, que se encargará de la dirección del personal que resulte necesario para el desempeño de las funciones de la Cámara de Cuentas y se establece un régimen de inelegibilidad e incompatibilidad muy estricto para sus miembros, a fin de garantizar la independencia y la objetividad a la hora de emitir informes.
Actividad legislativa de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Ruiz Molina ha recalcado que son cuatro las iniciativas legislativas de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en menos de tres meses, de las que tres ya se encuentran en trámite parlamentario: el proyecto de Ley por el que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha; el de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha; y el de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.
Asimismo, ha precisado que, a punto de llegar al ecuador de la legislatura, desde esta Consejería se han impulsado diez proyectos legislativos, de los que seis ya se encuentra en vigor y forman parte de las veinte leyes promovidas por el Gobierno de García-Page que han sido aprobadas por las Cortes regionales en estos dos primeros años, “lo que pone de manifiesto el nivel de estabilidad política que existe en Castilla-La Mancha”, ha concluido el consejero.
