Castilla-La Mancha aprueba Ley de Medidas Integrales para combatir la ocupación ilegal de viviendas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Nacho Hernando, consejero de Fomento, ha enfatizado que esta iniciativa es única en toda España, ya que es la única Comunidad Autónoma que ha propuesto medidas concretas para abordar este problema.
Durante el debate general en las Cortes regionales, Hernando dejó claro que el gobierno de Castilla-La Mancha no pretende mirar para otro lado, sino que busca abordar esta situación de manera propositiva y constructiva. Destacó que la prioridad es apoyar a las víctimas en lugar de apoyarse en ellas.
El consejero de Fomento reprochó al Partido Popular por no apoyar la iniciativa, a pesar de que contaba con un 80 por ciento de sus aportaciones. Además, instó a los demás grupos políticos a que el Congreso de los Diputados reanude la Comisión de Justicia para debatir las enmiendas que incluyen los aspectos de la Ley de Castilla-La Mancha.
La nueva Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas contempla diversas medidas, como la definición de la ocupación ilegal, reforzamiento de la tutela penal, endurecimiento de la pena, agravantes para las mafias del sector inmobiliario, medidas de justicia restaurativa y penal premial, entre otros aspectos.
Además, la ley habilita a las comunidades de propietarios y a los ayuntamientos para denunciar ocupaciones ilegales, permite a las administraciones públicas adoptar medidas preventivas físicas, y legitima a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proceder a la entrada y registro en los inmuebles ocupados.
En resumen, esta ley supone un avance significativo en la protección de las víctimas de la ocupación ilegal, así como en la prevención y persecución de esta práctica delictiva. La actuación llevada a cabo en la calle Joan Miró de Puertollano fue destacada como un ejemplo modélico y ejemplar de colaboración entre todas las instituciones y administraciones para desalojar a los ocupas.
En definitiva, la aprobación de esta ley representa un compromiso firme por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar un problema que afecta a numerosas familias y propietarios en toda la región. Se espera que estas medidas contribuyan a garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
