El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos del Gobierno de España, con las que reclama que la nueva normativa no penalice con carácter retroactivo inversiones que ya cuentan con permisos y trámites avanzados, como el macrocentro de datos que la filial de Meta, Zarza Networks, promueve en Talavera de la Reina.
Las claves, en 20 segundos
- La Junta presentó diez alegaciones antes de que concluyera, el 10 de septiembre, el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto.
- El texto en tramitación prevé recargos de hasta el 500% y la posible caducidad de permisos ya concedidos si los proyectos no acreditan ciertos requisitos en seis meses.
- La portavoz regional, Esther Padilla, pide un régimen transitorio para las inversiones ya avanzadas y mayor participación autonómica en las decisiones sobre estas infraestructuras.
- Castilla-La Mancha reclama además que los criterios de eficiencia energética tengan en cuenta el clima de cada territorio, para no penalizar a las regiones de interior.
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha explicado que las diez alegaciones buscan una norma que combine sostenibilidad y eficiencia energética con seguridad jurídica, proporcionalidad, respeto a las competencias autonómicas y protección de las inversiones que ya se encuentran en marcha. Padilla ha recordado que el periodo de audiencia pública concluýa el 10 de septiembre y que corresponde ahora al Gobierno de España analizar las alegaciones antes de aprobar el texto definitivo de una normativa que sigue en tramitación, es decir, que aún no está aprobada ni es de aplicación. La portavoz ha insistido en que el Gobierno regional comparte los objetivos de sostenibilidad de la norma y defiende un «uso responsable» del agua, «un bien tan limitado, valioso e imprescindible para nuestra tierra: imprescindible para beber, para nuestros cultivos y ecosistemas», pero considera que la regulación debe ofrecer también seguridad jurídica y evitar exigencias desproporcionadas.
Qué pide Castilla-La Mancha para los proyectos ya en marcha
Una de las principales alegaciones se refiere al tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión pero todavía no están conectados a la red: el proyecto de Real Decreto concede seis meses para acreditar el cumplimiento de nuevos requisitos y, si no se cumple, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas. Padilla considera que no resulta razonable modificar las condiciones de proyectos ya diseñados y tramitados conforme a la normativa vigente, y reclama un régimen transitorio flexible según el grado de madurez de cada proyecto. Esta cuestión puede afectar en particular al proyecto de Meta en Talavera de la Reina, cuya filial Zarza Networks formalizó apenas dos semanas antes, el 2 de septiembre, la garantía urbanística vinculada al 49% del aprovechamiento municipal de los terrenos, un trámite administrativo que, como ya reflejó este diario, todavía no supone el inicio material de las obras ni certifica la inversión de 750 millones de euros que la propia Junta atribuye al proyecto, una cifra anunciada institucionalmente y no un gasto ya ejecutado. Para los proyectos que se desarrollen por fases, la región propone que los nuevos requisitos se apliquen solo a la capacidad adicional de cada fase, y no de forma retroactiva al conjunto de la inversión.
Recargos de hasta el 500% y pérdida de permisos
El proyecto de Real Decreto contempla recargos que pueden alcanzar el 500% —un tope máximo previsto en el borrador, no una tasa ya aplicada—, además de la pérdida de permisos de acceso y conexión e incluso la caducidad de permisos ya concedidos. «Entendemos que medidas de esta intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no deberían quedar definidas íntegramente mediante una norma reglamentaria», ha señalado Padilla. La Junta reclama que los recargos sean «graduales y proporcionados», de forma que no tengan las mismas consecuencias un incumplimiento puntual que uno grave y continuado, y que la pérdida de permisos quede reservada para los casos «más graves», garantizando siempre la audiencia del interesado y «un plazo efectivo para subsanar los incumplimientos».
Más peso autonómico y criterios adaptados al clima
El Gobierno regional reclama también una mayor participación de las comunidades autónomas en la aplicación de la futura normativa, ya que el proyecto concentra en el Estado decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos o el destino de la capacidad eléctrica liberada, pese a que la implantación de estas infraestructuras afecta a materias como el territorio, el urbanismo, el agua o las redes de distribución, competencia de las autonomías. Padilla ha reivindicado «una participación activa» de las autonomías antes de denegar solicitudes o retirar permisos, y ha lamentado que «una norma de esta trascendencia debería haber contado previamente con un verdadero proceso de diálogo institucional». En materia de eficiencia energética y consumo de agua, la región plantea que los indicadores tengan en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio: «Un centro situado en una zona con temperaturas más bajas necesita menos energía para refrigerarse que otro ubicado en territorios con temperaturas más elevadas», ha explicado la portavoz, advirtiendo de que, si esa realidad climática no se incorpora a los criterios de evaluación, podría generarse una nueva desigualdad territorial que concentre las inversiones en determinadas zonas del país.
Preguntas frecuentes
¿Qué son las alegaciones presentadas por Castilla-La Mancha?
Diez propuestas de modificación al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos, presentadas antes del cierre del periodo de audiencia pública el 10 de septiembre de 2026.
¿Qué proyecto de Meta se menciona y en qué situación se encuentra?
El Meta Data Center Campus de Talavera de la Reina, promovido por Zarza Networks, que el 2 de septiembre formalizó la garantía urbanística del 49% del aprovechamiento municipal; las obras aún no han comenzado.
¿Qué recargos prevé el proyecto de Real Decreto?
Hasta el 500% como tope máximo previsto en el borrador, además de la posible pérdida o caducidad de permisos ya concedidos si no se acreditan ciertos requisitos en seis meses.
¿Qué pide la región sobre los criterios de eficiencia energética?
Que tengan en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, para que los centros situados en zonas más cálidas no queden en desventaja frente a los de climas más fríos.
Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha.
