El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se abstenga en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo al que el Ejecutivo regional se opone «frontalmente» por considerar que perjudica a Castilla-La Mancha frente a Cataluña.
Las claves en 20 segundos
- El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, pide al ministro Arcadi España que se abstenga en la votación del CPFF.
- Castilla-La Mancha reclama, además, retirar del orden del día el modelo de financiación.
- La región alega tres motivos: cómo se ha negociado, el criterio que prima y el efecto económico que tendría para sus cuentas.
- Es la posición del Gobierno regional, en un debate en el que otras comunidades y el Gobierno central defienden posturas distintas.
«Oposición frontal» a un modelo negociado, según Toledo, con Cataluña
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, compareció ante los medios en Madrid antes del Pleno del CPFF de este viernes para reclamar que el ministro de Hacienda «se abstenga» en la votación sobre la propuesta de financiación autonómica, de forma que el resultado refleje, dijo, «el sentir» de las comunidades frente a «un modelo impuesto». Ruiz Molina fue más allá y pidió directamente que «se retire» el asunto del orden del día, alegando que existen «modelos alternativos» pese a que el Gobierno central, según denunció, se ha negado hasta ahora a valorar las propuestas de las comunidades autónomas.
Acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, el consejero reiteró la «oposición frontal» de Castilla-La Mancha al modelo del Ejecutivo central, y la sostuvo sobre tres argumentos. El primero tiene que ver con la forma en que se ha gestado: según Ruiz Molina, el modelo se negoció «exclusivamente» con ERC, a lo que después se sumó el PSC, de manera que, al tratarse de una negociación «unilateral con Cataluña, la mayor beneficiada es esta comunidad autónoma». El consejero situó el origen de ese proceso en la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa, y sostuvo que «las aportaciones que hemos hecho el resto de los territorios no han tenido ningún resultado». Citó también unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las que este se mostraba «dispuesto, incluso, a tener conversaciones con Junts para mejorar el modelo y para que voten a favor», lo que a su juicio confirma que «desde Cataluña se está definiendo el futuro de la financiación del conjunto de los españoles».
Este pulso por la financiación autonómica no es un episodio aislado: se suma a otros roces recientes entre el Gobierno de Emiliano García-Page y el Ejecutivo central o distintos socios catalanes, como el rechazo de Page a la propuesta de Illa de exigir catalán para renovar la residencia, y llega apenas un año después de que Moncloa impulsara otro mecanismo distinto, el proyecto de condonación de hasta 83.000 millones de deuda autonómica, que también generó divisiones entre comunidades según su nivel de endeudamiento.
«Ordinalidad» y la cuenta de la que se ha quedado fuera Castilla-La Mancha
El segundo argumento del consejero atañe al fondo del modelo. Según explicó, la propuesta prima el «principio de ordinalidad», según el cual «aquellas comunidades autónomas que tengan más acumulación de habitantes con rentas altas tienen derecho a mayor financiación, es decir, que quien paga más impuestos tiene derecho a mayores servicios públicos». Frente a ese criterio, Ruiz Molina defendió que la financiación autonómica debería garantizar que todos los ciudadanos accedan a los mismos servicios públicos con el mismo nivel de calidad, «independientemente de dónde vivan y de la capacidad económica de su territorio».
El tercer argumento es el efecto concreto sobre las cuentas regionales: el consejero aseguró que, con el modelo propuesto, Castilla-La Mancha empeora su posición relativa respecto al sistema actual, pasando a ser «la peor financiada en términos relativos». Se trata de una afirmación del propio Gobierno regional, que no ha aportado en esta comparecencia una simulación pública y detallada de cifras que permita contrastar de forma independiente cuánto perdería la región en euros, ni cómo quedarían el resto de comunidades autónomas bajo ese mismo modelo.
Ruiz Molina remató su comparecencia subrayando que el debate no se limita a una cuestión de principios, sino a los recursos disponibles para financiar sanidad, educación y servicios sociales, y que su presencia en el Consejo era, dijo, «en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha para defender los intereses de la ciudadanía de la región».
Una posición, no todo el debate
Conviene señalar que lo recogido en esta información es la posición defendida por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el CPFF, no un resumen equilibrado del conjunto del debate: ni el Ministerio de Hacienda ni la Generalitat de Cataluña, citados ambos en la comparecencia, han tenido ocasión de responder en esta misma nota, y otras comunidades autónomas mantienen posiciones distintas a la de Castilla-La Mancha sobre el nuevo modelo.
Preguntas frecuentes
¿Qué pide exactamente Castilla-La Mancha en el CPFF?
Que el ministro de Hacienda se abstenga en la votación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y que el asunto se retire del orden del día.
¿Por qué se opone el Gobierno regional al modelo?
Alega que se negoció con ERC y el PSC, que prima el «principio de ordinalidad» favorable a las comunidades con más rentas altas, y que dejaría a la región «la peor financiada en términos relativos».
¿Se ha hecho pública una cifra concreta de lo que perdería Castilla-La Mancha?
No en esta comparecencia: el consejero de Hacienda habló de empeorar la posición relativa de la región, sin ofrecer una simulación detallada y verificable de euros.
Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha.
