Castilla-La Mancha marca el paso en la lucha contra la despoblación con la nueva Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha que hoy votan los grupos parlamentarios en las Cortes regionales para su aprobación.
Una Ley que, tal y como ha explicado durante su intervención el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, es “participada, pionera, trasversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal”.
El texto que hoy se somete a votación para su aprobación, contempla, además, conceptos novedosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico, toda vez que pone el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas y garantiza la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos y vecinas.
Una norma con la que Castilla-La Mancha avanza y se adelanta en legislar en beneficio del medio rural y que, según se ha mostrado convencido el vicepresidente, “será imitada por otros territorios con desafíos demográficos similares a los de nuestra Comunidad Autónoma”.
A lo largo de su intervención, Martínez Guijarro ha detallado que el texto, para cuya redacción “hemos tratado de escuchar a todos” pues ha pasado por un proceso de participación, ha sido sometida a dos procesos de información pública y ha pasado por hasta diez consejos asesores de la región, a lo que hay que sumar que la futura norma recoge la inmensa mayoría de las conclusiones de la ‘Comisión no permanente de estudio’ para alcanzar un acuerdo sobre la despoblación celebrada en el Parlamento autonómico meses atrás.
Novedades de la Ley
Asimismo, el vicepresidente ha reiterado las novedades que incluye el texto, compuesto por siete títulos y 75 artículos, y que hoy se ha debatido en las Cortes de Castilla-La Mancha, como es la inclusión, por primera vez en nuestro país, la política fiscal con desgravaciones de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas.
Además, incluye también una desgravación de hasta el 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda en estas zonas. “Con la combinación de ambas, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir en estas zonas escasamente pobladas prácticamente no pagarán impuestos a la Comunidad Autónoma”, ha señalado el vicepresidente.
Otra de los conceptos novedosos que se recogen en la Ley es el de la estancia efectiva o el impacto demográfico, que requiere empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera, y se pone el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas.
Martínez Guijarro también ha destacado el blindaje de los servicios públicos que queda estipulado en el texto garantizando así la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a los vecinos y vecinas de estos municipios, además de incentivos de hasta un 40 por ciento para las empresas que quieran instalarse en las zonas afectadas por la despoblación y la apuesta por el transporte sensible a la demanda.
Combatir la despoblación, un trabajo de años
La futura norma es fruto, tal y como ha señalado Martínez Guijarro, de un intenso trabajo en el que se han escuchado a expertos, instituciones y organizaciones ligadas al desarrollo del mundo rural, a profesores universitarios, a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios representados en las Cortes regionales.
Un trabajo para frenar la pérdida demográfica en los pueblos de la región que “el Ejecutivo de Emiliano García-Page viene desarrollando desde el inicio de la pasada legislatura” con la recuperación de servicios que habían sido mermados en el medio rural y a través de la reapertura de colegios cerrados, centros sanitarios y servicios de urgencias, entre otros, ha destacado el vicepresidente.
Asimismo, ha añadido que, a esto se suma, la puesta en marcha de la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) con la que, desde 2017 hasta ahora, “hemos movilizado más de 1.000 millones de euros de recursos llegados de Europa para invertirlos directamente en más de 630 municipios de la región afectados por la despoblación”.
El vicepresidente ha recordado que esta región fue pionera, también, hace más de un año, en rubricar el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha con los agentes sociales y económicos lo que sentó las bases de esta norma.
En paralelo, el Ejecutivo regional ha venido trabajando con otras comunidades autónomas para que la cuestión del reto demográfico sea considerada una cuestión de Estado, y así se expuso desde el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, el FREDD, en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, a través de lo que se denominó la ‘Declaración de Cuenca’.
En este sentido, Martínez Guijarro ha dicho que la próxima semana volverán a reunirse los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón para abordar la solicitud conjunta al Gobierno de España de poder implantar las ayudas y beneficios fiscales de las que ya disfrutan otras regiones de países nórdicos y que “supondrán sin duda alguna un atractivo añadido para las empresas que quieran instalarse en estos territorios”.
Con horizonte a medio y largo plazo
A lo largo de su alocución, el vicepresidente ha reiterado que la implementación de políticas para la lucha contra la despoblación exige unidad, añadiendo que “no puede estar sometida a vaivenes políticos porque no se resuelve en una o dos legislaturas”. De ahí, ha apuntado a que el principal instrumento de planificación de esta Ley será la Estrategia Regional frente a la Despoblación, cuya elaboración está ya muy avanzada; y que tendrá una vigencia mínima de una década, con revisiones cada cuatro años.
El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno central, Francisco Boya, ha estado presente en el debate parlamentario de este texto legislativo, que ha seguido desde la tribuna de las Cortes regionales, y tras ello ha destacado que la Ley tiene una virtud, “la transversalidad del texto”. Y es que, tal y como ha recalcado, “es una Ley en la que encontramos toda una serie de medidas que realmente van a tener impacto desde el punto de vista de los servicios públicos, los aspectos tributarios y que van a compensar a las personas que viven en el medio rural, y en el incentivo a la actividad económica en el medio rural”.
