Castilla-La Mancha ha alcanzado un destacado logro en 2023 al certificar 160.000 hectáreas en Montes de Utilidad Pública (MUP), destacando la provincia de Guadalajara con 30.113 hectáreas certificadas bajo el estándar FSC y verificando los servicios ecosistémicos de conservación de la biodiversidad y de secuestro y almacenamiento de carbono en sus 22 MUP.
La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, acompañada por el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, visitó las mejoras de hábitats en el Monte ‘Dehesa Espineda’ en Checa (Guadalajara). Este proyecto, apoyado por Carrefour España a través de Bergner Group y coordinado por FSC España, ha invertido unos 16.000 euros en casi siete hectáreas, en línea con el compromiso del Ejecutivo autonómico de valorizar los servicios de los ecosistemas forestales fomentando la colaboración entre los sectores público y privado.
Esta dinámica gubernamental tiene como finalidad seguir incorporando superficies públicas a los grupos de certificación para obtener sellos de calidad de prestigio internacional, favoreciendo el posicionamiento en el mercado de los productos derivados de estas áreas, tal como comunicó la Junta en su nota de prensa.
El monte, que pertenece al Ayuntamiento de Checa y es gestionado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, ingresó al grupo de certificación forestal de Guadalajara desde noviembre de 2023 . Las actuaciones buscan mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia del monte, que se vio afectado por un incendio forestal en agosto de 2012.
Esta colaboración también benefició al MUP ‘Los Palancares y Agregados’, de Cuenca, con una inversión de 18.000 euros en trabajos silvícolas en el MUP 109, ‘Ensanche de Buenache’. La restauración culminó con una plantación que contó con el apoyo de los empleados de las empresas y técnicos de Desarrollo Sostenible implicados.
Estas iniciativas se enmarcan dentro de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha, creada por el Gobierno regional en 2023, que busca valorar la contribución de los ecosistemas al bienestar social y económico, conectando lo rural y lo urbano. Castilla-La Mancha se posiciona así a la vanguardia en el reconocimiento de servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono, regulación hídrica, biodiversidad, protección de suelos y valor paisajístico.
El proyecto, descripto por Jara, intenta reunir recursos económicos para una gestión social y ambientalmente responsable y está abierto a la participación de municipios, diputaciones provinciales, sector privado y ONGs comprometidas con el patrimonio natural de la región.
