En un llamado enfático por la equidad en la distribución de recursos, José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha exigido una revisión justa en la financiación autonómica de España. En un reciente encuentro, Caballero esclareció que es primordial reconocer el «coste real de la prestación de los servicios y la idiosincrasia del territorio» al deliberar sobre los fondos destinados a las comunidades autónomas.
El vicepresidente proyectó una posición invariable y robusta de la administración regional, abogando por una atención minuciosa hacia las singularidades del territorio al tiempo que se garantiza un trato equivalente entre las comunidades. Reiteró que la meta del Gobierno de Castilla-La Mancha está en asegurarse que el Gobierno de España enfrente la financiación desde un enfoque justo y apegado a la realidad concreta de cada región.
Caballero evidenció su punto de vista basándose en un estudio publicado por Fedea, el cual brinda evidencia contundente que desde el año 2015, Castilla-La Mancha ha sido la helada cuya financiación autonómica ha crecido menos. Ante tal hallazgo, manifestó una firme exigencia de «una financiación justa para recuperar lo que hemos perdido durante estos años».
Ante una posible reformulación del modelo de financiación, el vicepresidente aboga por un reparto que no solo sea justo en términos comparativos, sino que, sobre todo, «sea realista». Ha instado entonces al gobierno central a ejecutar un nuevo esquema financiero basado en la solidaridad y la imparcialidad, como enfatiza la comunicación proporcionada por la Junta.
Caballero hizo hincapié en las peculiaridades de Castilla-La Mancha, una región marcada por particularidades geográficas, demográficas y sociales, aspectos que, asevera, deben influir en la concepción de un nuevo modelo de financiación autonómica justo y adaptado.
En sus conclusiones, dejó claro que la dirección local, presidida por Emiliano García-Page, se mantendrá firme, negándose a aceptar cualquier fórmula financiera que omita estas consideraciones y que no subsane el déficit de financiación actual, sellando así su compromiso con una distribución más justa y adaptada a las necesidades de Castilla-La Mancha.
