Castilla-La Mancha ha establecido dos medidas preventivas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios de la región, mediante resolución de la Consejería de Sanidad.

Estas medidas preventivas, y que no se recogían en la anterior resolución, entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La mancha, estarán vigentes hasta el próximo 10 de febrero de 2022 y se revisarán cada 15 días en función de la evolución de la situación epidemiológica general y la situación particular de las residencias de personas mayores.

Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión de Salud Pública y Vacunación que ha presidido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En este sentido, García Torijano ha avanzado que “se han tomado dos medidas preventivas en una situación controlada dentro de los centros, puesto que de los 145 casos que tenemos en estos centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, solamente dos casos han tenido que acudir al hospital y son situaciones controladas”.  Por lo que, “es imprescindible hacer un llamamiento de esperanza y sobre todo pedir a la ciudadanía que se vacune para seguir avanzando en la lucha contra el virus”, ha aseverado la consejera.

Respecto a las visitas y salidas de los centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, la consejera de Bienestar Social ha detallado que “se limitarán las visitas a los centros residenciales a un día a la semana de forma controlada, por un solo familiar y con cita previa, con la finalidad de evitar que el virus entre a las residencias y los mayores puedan estar en un periodo de tranquilidad”. Se trata de una medida importante “porque las visitas no las cerramos y los mayores o las personas con discapacidad no van a dejar de ver a sus familias, pero si las hacemos de una manera más coordinada y organizada”, ha puntualizado García Torijano.

Por otro lado, la consejera ha indicado que la segunda medida es “seguir aconsejando que se realicen pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los profesionales. Será un test semanal a los trabajadores con pautas de vacunación y dos a la semana a aquellos profesionales que no tienen la pauta de vacunación”. En este sentido, ha indicado que “la intención es que sea una medida estable y obligatoria con el aval del Tribunal Superior de Justicia, ya que esperamos entienda la situación por la que estamos pasando, para controlar ahora más que nunca que los profesionales tengan esa garantía y esa tranquilidad”.

Además, la titular de Bienestar Social ha subrayado que “se va a continuar con el control diario de todos los centros residenciales a través de las delegaciones y los coordinadores, para poder controlar cualquier situación sobrevenida”.