Castilla-La Mancha contará esta legislatura con una Ley de Economía Circular a la vanguardia, fruto de un amplio proceso participativo, convirtiéndose así en una región pionera en España en tener y en aplicar una normativa de esta envergadura con la que reducir residuos, tras la aprobación de su anteproyecto por el Consejo de Gobierno esta misma mañana.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, lo explicó en una rueda de prensa en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Toledo. Alli se tomó en consideración el anteproyecto que, a partir de este momento, pasa al Consejo Consultivo para un posterior debate y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha antes de la finalización de la legislatura.
Con esta normativa, ha destacado Francisco Martínez Arroyo, la región ha sentado las bases para pasar de una economía lineal, consistente en producir, usar y tirar, a un modelo circular, abarcando la totalidad del ciclo de vida del producto, desde su producción hasta su consumo, pasando por la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias, como ya se vienen haciendo, por ejemplo, en la agricultura con la reutilización de aguas depuradas para riego en el campo o el avance en la valorización de los subproductos, siendo fuente de ingresos que se reciclan y reutilizan a día de hoy.
De lo que se trata es de convertir los residuos, a su vez, en un recurso que pueda volver a ser utilizado, produciendo así una reducción de consumo de materias primas y de la generación de nuevos residuos, mitigando las externalidades negativas para el medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.
Así, ha explicado, que con la Ley de Economía Circular se conseguirá lo que ha calificado de un “triple beneficio sostenible”, abarcando no solo el ambiento ambiental, sino el económico y el social.
Según reflejan los estudios previos desarrollados para la creación de esta normativa, se obtendrían, a nivel empresarial, un incremento del 30 por ciento de beneficios; mientras que desde el punto de vista social, se generarán nuevas oportunidades de empleo y de negocio y en el ámbito medioambiental, y por supuesto, ha destacado Martínez Arroyo, se seguirá avanzado en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Se aplicará el principio de quien contamina paga
Dentro de la norma, pionera a nivel nacional, también se incluye que en plazo de un año de su entrada en vigor, la Consejería con competencias tributarias podrá regular el tributo por el que se grave el depósito de residuos industriales peligrosos, residuos industriales no peligrosos y residuos de construcción y demolición en vertedero.
Además, en el mismo plazo, la normativa contempla que sea el Gobierno quien establezca un sistema de fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha.
De esta forma, se hará realidad la aplicación práctica del principio ‘el que contamina, paga’, de manera que, en caso de problemas ambientales sea las empresas y no los ciudadanos quienes “hagan frente a los costes de reparación medioambiental”.
Nuevas oportunidades empresariales
En lo que se refiere a empleo y economía, la Ley según explicó Martínez Arroyo, creará nuevas oportunidades empresariales y laborales, basadas en la innovación, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. Por ende, la integración y la cohesión social en un marco de compromisos mundiales de la Unión Europea establecidos en la Agencia de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, ante lo cual desde Castilla-La Mancha se consiguió sobrepasar con creces los mínimos establecidos para reciclaje, por ejemplo de plásticos, papel y cartón y metales.
De la misma manera, esta normativa, proporcionará las condiciones aptas para que aparezcan nuevos nichos de negocio asociados a otros ya existentes, alineados con la Economía Circular, ya que el agotamiento de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la economía hipocarbónica serán vectores que definirán las economías modernas venideras.
Entre los ejemplos, ya presentes en la región de este tipo de empresas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha destacado la puesta en marcha esta legislatura de la Planta Clamber de Puertollano, una biorrefinería de I+D, una instalación pública que está dedicada a la investigación científica, a la realización de experimentos de escalado y al desarrollo de nuevos bioprocesos y bioproductos a partir del aprovechamiento de biomasa húmeda fermentable o lignocelulósica, tanto residual como cultivada.
Una ley participativa
El anteproyecto de Ley de Economía Circular ha ido tomando forma desde que en octubre de 2017 se sometiera a consulta pública, debatiéndose en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y contando con un periodo de información pública donde recibió ocho alegaciones de empresas y asociaciones que fueron incluidas en el texto, salvo aquellos casos en los que ya estaban contempladas en el mismo.
Además, se ha presentado en diversos foros regionales y nacionales, como en las Jornadas Empresariales de Manzanares de la UCLM, en el CONAMA 2018 o a través de unas jornadas de formación organizadas por Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Visto bueno para la Ley de Evaluación Ambiental
Además, en el Consejo de Gobierno celebrado este martes, se ha dado luz verde a la Ley de Evaluación Ambiental, una normativa que establece la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
La ley, una vez que pase directamente por las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación, se aplicará en todos los procedimientos de evaluación que se inicien a partir de su entrada en vigor, y pretende mantener las garantías ambientales y simplificar tramitaciones para los proyectos que llegan, por ejemplo, a los ayuntamientos que contarán con el apoyo de la Administración regional para su tramitación, y que incluye por ejemplo la supresión de una evaluación ambiental para aquellos pequeños proyectos de inversión.
