Castilla-La Mancha Destina 2,4 Millones de Euros para Impulsar Programas de Empleo e Inclusión Social a Través del FSE+

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso importante en la protección de los grupos más vulnerables de la región. En una reunión celebrada hoy en Toledo, se aprobó un decreto que destina 2,4 millones de euros para cofinanciar iniciativas de 13 entidades sociales bajo el marco del Fondo Social Europeo +. Esta financiación se centrará en áreas clave como el empleo juvenil, la formación, la lucha contra la pobreza y la inclusión social.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, anunció que este decreto, el cuarto de su tipo desde 2014, permitirá a las organizaciones sociales cubrir hasta el 15 por ciento de la inversión en sus programas, con un generoso apoyo del Fondo Social Europeo + que cubre el 85 por ciento restante. La consejera destacó que el Fondo constituye una herramienta esencial para implementar políticas que beneficien a personas en riesgo de exclusión social.

La distribución de las ayudas refleja un compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. Organizaciones como Cruz Roja, Fundación ONCE y Cáritas son algunas de las beneficiarias que recibirán importantes cantidades de apoyo para desarrollar programas que fomenten la inclusión y la formación de jóvenes y otros grupos en situación precaria.

«Cerca de 95.602 personas ya se han beneficiado de programas en la región, de los cuales el 57 por ciento son mujeres», declaró Franco, resaltando la importancia de estas medidas en la lucha por la igualdad de oportunidades. La consejera también subrayó que la capacidad de absorción de estos fondos ha sido notable, alcanzando un 57,83 por ciento a fecha de 30 de junio, lo que augura la posibilidad de superar el 100 por ciento al final del programa operativo 2021-2027.

El Gobierno regional no sólo se limita a gestionar estos fondos; el decreto aprobado es un claro ejemplo de la creciente inversión en programas sociales, evolucionando desde los 200.000 euros en el primer decreto hasta los actuales 2,4 millones. Patricia Franco concluyó anunciando un desayuno informativo para el 11 de julio, en el que las entidades beneficiarias explicarán los programas que se pondrán en marcha gracias a esta iniciativa, reafirmando así el compromiso del gobierno con la inclusión y el desarrollo social en la región.

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