Castilla-La Mancha ha animado a las empresas de inserción de la región, un total de ocho, a participar en la nueva convocatoria de ayudas para impulsar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, aprobada a finales del pasado mes de julio y que está dotada con más de 1,3 millones de euros.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, durante su visita a una de estas empresas, Reciclamoda, en Guadalajara, donde ha avanzado que esta convocatoria, que se publicó el pasado 26 de julio en el Diario Oficial de Castilla-La Macha (DOCM), está abierta hasta el próximo 15 de diciembre.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha visitado esta empresa de inserción Reciclamoda, impulsada por Cáritas y dedicada desde sus inicios a la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, a través de la actividad de recogida, clasificación, higienización y venta de ropa de segunda mano.
Nuria Chust ha destacado el compromiso de dicha empresa con la mejora de la empleabilidad de las personas y colectivos más vulnerables, así como por su participación en las anteriores convocatorias, en las que se ha beneficiado de ayudas para la contratación de ocho personas en riesgo de exclusión social y técnicos.
Durante su visita, la viceconsejera ha trasladado a la empresa los detalles de la nueva convocatoria ayudas para impulsar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, animando tanto a Reciclamoda como a las otras siete empresas de inserción calificadas en la región a participar de la misma, “para continuar apoyando la contratación y mantenimiento del empleo de personas en riesgo de exclusión social a través de su labor”.
Nueva convocatoria de ayudas para impulsar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión
La convocatoria, que está dotada con 1,34 millones de euros, cuenta con tres líneas de ayuda. La primera está dirigida a apoyar la contratación de personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción, como personas pertenecientes a itinerarios de los Servicios Sociales, jóvenes de hasta 30 años procedentes de Instituciones de Protección de Menores, personas con problemas de drogodependencia, personas internas de centros penitenciarios con acceso al empleo y antiguos reclusos, y personas procedentes de centros de alojamiento alternativo; entre otras. Todas ellas deberán estar inscritas en las oficinas de empleo de la región, al menos el día anterior a su contratación, y las contrataciones no podrán ser inferiores a 12 meses ni superar los 36 meses.
En esta primera línea, las ayudas alcanzan el cien por cien del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el primer año del contrato, del 75 por ciento del SMI entre los 13 y los 24 meses; y del 40 por ciento del SMI entre los meses 25 y 36 de contratación, ampliándose en los dos últimos años en un diez por ciento la cobertura en el caso de mujeres.
La segunda línea está dirigida a apoyar el empleo del personal técnico de acompañamiento o producción, que son las personas encargada de la orientación laboral y elaboración de los planes personales de inserción, de la prospección de empresas, del asesoramiento en los procesos de selección, la mediación laboral y el seguimiento de las incorporaciones, o la participación en la selección de las personas trabajadoras, entre otras funciones.
En este caso, las ayudas cubren hasta el 75 por ciento del SMI durante 12 meses, con un máximo definido por módulos: de uno a diez puestos de inserción, un técnico; de once a 20 puestos de inserción, dos técnicos; de 21 a 30 puestos de inserción, tres técnicos; y de más de 30 puestos de inserción, cuatro técnicos.
La última y tercera línea está dirigida a apoyar asistencias técnicas que faciliten la viabilidad de las empresas de inserción, tales como las auditorías contables o los costes derivados de las certificaciones de calidad. En este caso, las ayudas cubren el 80 por ciento del total de las acciones, con un máximo de hasta 6.000 euros para estudios de mercado y viabilidad técnica y financiera; 1.500 euros en el caso de auditorías contables obligatorias y auditorías sociales; y de 1.000 euros para costes derivados de certificaciones de calidad y renovaciones de las mismas.
Nuria Chust ha animado a las empresas de inserción de la región a presentarse a las diferentes líneas para apoyar el trabajo que realizan en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, así como para garantizar su viabilidad.
Asimismo, ha valorado que las ediciones anteriores de esta convocatoria hayan supuesto apoyar cerca de 150 contrataciones, 124 de ellas de personas en situación de vulnerabilidad que han encontrado una oportunidad de empleo a través de las empresas de inserción. A su vez, ha destacado “la vocación social de esta convocatoria a través del impulso y el fomento del modelo de empresas de inserción, como una herramienta de inclusión sociolaboral a través del empleo para las personas en riesgo de exclusión social en nuestra región”.
