Blanca Fernández, portavoz del Gobierno y consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, espera que el futuro registro de médicos objetores de conciencia sirva para «ordenar los recursos humanos del Sescam» y para «romper la inercia» que existe actualmente en cuanto a la atención sanitaria a las mujeres que desean abortar. La intención es poder prestar esta atención en algún hospital público, aunque no se espera que esté disponible en todos los centros. Sin embargo, Fernández espera que poco a poco se vaya creciendo en este sentido.