Avanza el desarrollo de la “Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con Discapacidad” gracias a la colaboración entre el gobierno regional y la fiscalía regional. Y el día de hoy se ha celebrado en Albacete, una reunión de trabajo entre la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez.
Reunión de la consejera de Bienestar Social con el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
En dicha reunión, la consejera ha estado acompañada de la viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Saavedra. También por el director de Discapacidad, Javier Pérez. Y por la delegada de Bienestar Social en la provincia, Antonia Coloma.
La consejera de Bienestar Social, calificó de “fundamental” la labor de coordinación y colaboración entre el Ejecutivo autonómico y la Fiscalía regional para el ejercicio y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las personas tuteladas.
Y destacó que en ambas administraciones, “nos mostramos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y trabajamos en función de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, velando por garantizarlos y que estas personas tengan capacidad de decidir hasta el último momento”.
Recordó Aurelia Sánchez, que “desde la aprobación de la Ley de Apoyo Garantizado se van a poder beneficiar potencialmente más de 35.000 personas en Castilla-La Mancha”.
Para conseguir los objetivos fijados en la ley de Protección, el Gobierno regional activará un total de cinco unidades de orientación y apoyo además de planificar la creación de la Oficina regional de Orientación y Apoyo y el Registro de Planes Personales de Futuro, “para que cuando las familias de las personas con discapacidad falten, sea la Administración regional quien se haga cargo de ellos”.
La titular de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico ha reconocido que “este es el principio y la esencia de esa Ley de Protección” y ha destacado la importancia de contar con “un aliado imprescindible como es la Fiscalía al ser defensores igualmente del bienestar de las personas con discapacidad”.
