El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha autorizado diversas comunidades autónomas españolas a llevar a cabo operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo. Se trata de un amplio espectro territorial que incluye a Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña, sumando un importe total de 14.153,7 millones de euros.
En detalle, Madrid es la comunidad con mayor margen de endeudamiento autorizado, alcanzando la cifra de 4.862,1 millones de euros. Este monto se divide en 2.960,85 millones dedicados a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo, incluyendo las de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Además, se han habilitado 1.846,25 millones para cubrir requerimientos transitorios de tesorería de entidades públicas.
El Gobierno también ha autorizado a Castilla y León a formalizar deudas por hasta 2.863,5 millones de euros, con 1.489,63 millones de euros destinados a amortizaciones de deuda a largo plazo y el resto para gestiones de tesorería de 2024.
Para Galicia, se ha dado luz verde a operaciones que suman 2.302,7 millones de euros, con 1.322,94 millones de euros para amortizar deudas a largo plazo y una cifra adicional para refinanciación y nuevas operaciones a corto plazo.
Asturias, por su parte, ha sido autorizada a endeudarse por un total de 1.558,1 millones de euros. El Consejo ha aprobado destinar 651 millones a endeudamientos a largo plazo, incluyendo amortizaciones, y una provisión de 935,6 millones para necesidades de tesorería.
Por otro lado, el Gobierno ha permitido a Castilla-La Mancha realizar operaciones de deuda a corto plazo por 765 millones de euros, y a Baleares se le han aprobado operaciones similares por un total de 700 millones de euros. La autorización incluye garantías para Baleares y Galicia por importes de 16,2 millones y 5 millones, respectivamente.
El País Vasco está autorizado a asumir deudas a largo plazo de hasta 708,8 millones de euros, La Rioja a cubrir necesidades de tesorería con 166,3 millones de euros en deuda a corto plazo y Cantabria a sostenerse con 150 millones de euros hasta formalizar su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico de 2024.
Finalmente, Cataluña ha obtenido permiso para gestiones de deuda a corto plazo por un máximo de 77 millones de euros, destinados a vencimientos de deuda a corto plazo durante el primer semestre de 2024 y para nuevas operaciones de las universidades públicas.
Estas autorizaciones tienen como límite el 31 de diciembre de 2024 y están sujetas a los controles habituales para este tipo de operaciones financieras.
