Frente a las últimas inclemencias meteorológicas que se produjeron en la región, con anuncios de alertas naranja y roja en distintas zonas por viento, lluvia y nieve, y previendo dificultades que puedan aparecer con la llegada del invierno, ANPE solicitó, en el último comité de Seguridad y Salud Laboral de Educación, así como otras medidas de prevención, la elaboración de un protocolo que garantice la seguridad del profesorado y del resto de la comunidad educativa, con el fin último de evitar situaciones de riesgo grave.

ANPE solicita establecer un protocolo de inclemencias meteorológicas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa 1

Un protocolo para regular todos los escenarios posibles, incluida la activación automática de la enseñanza a distancia a causa de imposibilidad por asistir presencialmente a los centros.

A su vez, y dado que el posible peligro no viene únicamente de las propias inclemencias meteorológicas cuando se producen, sino también de sus consecuencias en los días posteriores, como los restos de hielo en el acceso a los centros, en ventanas y tejados; las zonas sombrías en los patios; caídas de ramas; sobrepeso de nieve en cubiertas y porches, etc., lo que puede implicar un riesgo añadido. Por tanto, el protocolo debe recoger que no sea el profesorado, como ocurrió el curso pasado con el temporal Filomena, sino técnicos cualificados de los ayuntamientos o de la administración educativa, según corresponda, los encargados de dichas tareas de revisión en los centros educativos y sus accesos.

También hay que tener en cuenta que son muchos los alumnos que utilizan las rutas de transporte escolar de forma diaria, y los docentes que deben desplazarse a sus centros de trabajo, incluidos los que además desempeñan tareas en varios centros usando sus propios vehículos, especialmente en las zonas rurales.

Por eso, ANPE le exige a la Consejería de Educación que formule un Protocolo de Actuación ante Inclemencias Meteorológicas, con instrucciones claras para los centros educativos con el fin de resguardar la seguridad del alumnado, profesorado y familias, así como la articulación con la mayor celeridad posible, de mecanismos de comunicación a todos los miembros de la comunidad educativa, evitando así situaciones de riesgo innecesarias en las carreteras, o incluso en los propios centros.