El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, liderado por José Manuel Albares, ha solicitado formalmente al Gobierno británico «explicaciones» respecto a la expulsión de una ciudadana española que, según se informa, poseía la documentación requerida para residir en Reino Unido con su marido y la familia de este. La expulsión tuvo lugar al retorno de la mujer de unas vacaciones en España el 26 de diciembre, tal y como reveló ‘The Guardian’.
Según el informe del medio británico, a pesar de que la mujer presentó la documentación proporcionada por el Ministerio del Interior británico que le permitía residir legalmente en Reino Unido, los oficiales de aduanas rechazaron sus argumentos, declarando que «perdía el tiempo». Tras pasar la noche retenida en el aeropuerto de Luton, fue puesta en un vuelo de regreso a España.
El ministro Albares indicó, en una declaración después de su visita a Herencia (Ciudad Real), que tan pronto tuvo conocimiento del incidente, ordenó a la Dirección General de Consulares iniciar las comunicaciones apropiadas con las autoridades británicas.
Albares ha manifestado su intención de obtener claridad sobre el suceso, asegurando a la ciudadana afectada y a otros españoles en Reino Unido el soporte del Ministerio y el suyo personal en su defensa y en la correcta aplicación de los acuerdos estipulados entre Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit.
Desde Londres, un portavoz del Ministerio del Interior británico defendió la actuación del Cuerpo de Fronteras, encargado de la detención y expulsión de la española, enfatizando la protección fronteriza como su máxima prioridad, asegurando que las decisiones sobre la entrada en el país se toman con base en la información proporcionada por los viajeros y no en su nacionalidad.
El portavoz también hizo una distinción importante, remarcando que obtener un certificado de solicitud, como en el caso de la española que presentó su inclusión en el Plan de Asentamiento fuera de plazo, no otorga automáticamente un visado de entrada a Reino Unido. Además, declararon que se pueden demorar las entradas hasta que los residentes demuestren su estatus en el país.
El caso en cuestión sigue en desarrollo, y el Gobierno español está a la espera de más información sobre las circunstancias que llevaron a la expulsión de su ciudadana, con la esperanza de que sea un incidente aislado. Los datos oficiales ponen de manifiesto que, a junio de 2023, existían más de 276,000 españoles con estatus de asentado o en proceso de asentamiento en Reino Unido.
