Representantes de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Alto Guadiana han manifestado su profunda inquietud ante los recortes de riego propuestos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para la presente temporada, criticando duramente la gestión del organismo y su presidente, Samuel Moraleda. En un comunicado, subrayan la responsabilidad de la CHG en la sobreexplotación de acuíferos y cuestionan su enfoque en la reducción de dotaciones, en lugar de buscar soluciones más equitativas y efectivas.
Esta agrupación, que incluye a las comunidades Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, entre otras, también ha compartido su descontento con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, instando a la reflexión sobre las políticas actuales de gestión del agua.
Según los representantes de las CUAS, Samuel Moraleda acusa constantemente a los agricultores y ganaderos de contribuir al agotamiento de los recursos sin asumir la responsabilidad que le corresponde a la administración que él representa. Además, señalan que las dotaciones para riegas se han visto drásticamente recortadas, dejando a los cultivadores con menos del 40% de los recursos hídricos previamente otorgados, situación que pone en riesgo la viabilidad económica del sector y la amortización de las inversiones realizadas.
En particular, abordan el drástico caso de Campo de Montiel, donde solo se permitirá el uso del 11,68% de las dotaciones habituales. Los representantes resaltan que estas cuotas están entre las más bajas de España y son consistentemente impuestas a pesar de que son considerablemente inferiores a las de otros territorios dentro de la misma cuenca hidrográfica.
Las comunidades de usuarios exigen al presidente de la CHG que aborde el problema de forma seria y consideren las propuestas de ahorro presentadas en las Juntas de Explotación previas. Persisten en no aceptar más reducciones hasta que los aprovechamientos se cuantifiquen adecuadamente, se resuelvan los expedientes pendientes y se implementen soluciones legales específicas para cada zona de acuíferos.
Finalmente, invocan a Moraleda a ejercer sus obligaciones como representante público, solicitando declaraciones más contenidas y una mayor sensibilidad hacia la dura realidad que enfrentan los miles de regantes afectados por estas medidas en la cuenca del Guadiana.
