La administración del expresidente Donald J. Trump ha tomado medidas para revertir lo que considera estándares de contratación inadecuados en las fuerzas del orden y los servicios de emergencia. En un reciente anuncio, el Attorney General Pam Bondi declaró que el Departamento de Justicia (DOJ) desestimará varias demandas presentadas durante la administración Biden que, de acuerdo con Trump, habían favorecido prácticas de contratación que comprometían la seguridad pública al priorizar la diversidad sobre el mérito.
Esta decisión afecta a varias jurisdicciones donde se alegó discriminación en el proceso de selección de candidatos para el cuerpo de bomberos y la policía. Entre las demandas desestimadas se encuentran casos significativos como el de la Ciudad de Durham en Carolina del Norte, donde se alegó que se exigían exámenes escritos a los solicitantes de bomberos, lo que, según el DOJ anterior, se consideró una práctica discriminatoria. También se incluyó el caso de la Policía del Estado de Maryland, donde se exigían pruebas escritas y físicas para los aspirantes, y el de Cobb County en Georgia, que se centraba en la exigencia de un examen escrito y un chequeo de crédito para los bomberos. Además, el caso de la Ciudad de South Bend, Indiana, señalado por requerir un examen escrito y físico para los reclutas policiales, también fue desestimado.
Los representantes de la administración Trump argumentan que estas iniciativas fueron motivadas por una percepción errónea de que los estándares de contratación estaban discriminando a ciertos grupos, y sostienen que tales enfoques no solo disminuyen la calidad de los servicios de emergencia, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las comunidades que dependen de estos servicios.
En un contexto más amplio, esta decisión refleja una tendencia en la política de la administración Trump de priorizar la meritocracia en áreas de gran responsabilidad pública. Los funcionarios enfatizan que los ciudadanos merecen lo mejor de lo mejor para garantizar su seguridad y bienestar, y cualquier consideración que comprometa esos estándares es considerada inaceptable.
Esta reorientación de la política de contratación del gobierno ha suscitado reacciones variadas, desde el apoyo de quienes creen que la competencia debe prevalecer en los servicios públicos hasta las críticas de aquellos que ven esta medida como un retroceso en los esfuerzos de inclusión y diversidad en el sector público. Sin embargo, la administración sigue firme en su compromiso declarado de promover un modelo de contratación que excluya cualquier sesgo que no sea el del mérito y la capacidad.
Fuente: WhiteHouse.gov
