En un decisivo dictamen que resuena a lo largo de los pasillos de la justicia europea, la ley de «protección de menores» de Hungría de 2021 ha sido puesta en tela de juicio por violar los fundamentos mismos del derecho de la Unión Europea. Esta legislación, que efectivamente prohíbe el acceso a contenidos que representan o promueven identidades de género y orientaciones sexuales divergentes del sexo asignado al nacer, ha sido criticada por contravenir principios básicos de igualdad, dignidad y derechos humanos.
La abogada general de la Unión Europea, Tamara Ćapeta, ha presentado una opinión mordaz respecto a esta ley, poniendo en duda no solo su legalidad sino también sus bases éticas y morales. Ćapeta argumenta que la legislación húngara, al prohibir la representación de la vida LGBTI, se basa en juicios de valor que colocan dichas vidas como inferiores a las heterosexuales y cisgénero, lo cual niega los valores fundamentales de la democracia constitucional europea.
La ley, que hace imposible, por ejemplo, la venta de novelas con personajes homosexuales en secciones juveniles, ha atraído la crítica internacional y ha llevado a la Comisión Europea a emprender acciones legales contra el Gobierno de Hungría. La decisión del gobierno de Viktor Orbán ha sido condenada por varios líderes de la UE y ha visto a países miembros como España unirse a la demanda contra ella.
La opinión de Ćapeta no solo destaca la contravención de la ley con respecto a los valores del mercado interno de servicios y la protección de datos, sino que también enfatiza su incompatibilidad con derechos fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos incluyen la prohibición de la discriminación por razón de sexo y de orientación sexual, la libertad de expresión y de información, y el derecho a la dignidad humana.
El argumento de Hungría, que defiende la ley como una medida para «proteger el desarrollo saludable de los menores» y «el derecho de los padres a criar a sus hijos conforme a sus convicciones personales», es considerado insuficiente por Ćapeta. Ella aclara que la protección de los menores se está utilizando como una excusa para censurar la representación ordinaria de las vidas LGBTI, lo cual trasciende la protección contra contenidos explícitamente sexuales ya prohibidos antes de la modificación legal.
Este pronunciamiento llega en un momento delicado para Hungría, cuyo ejecutivo intenta disuadir la participación en el Orgullo de Budapest programado para finales de junio. La eventual decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que históricamente tiende a seguir la opinión de sus abogados generales, podría marcar un precedente significativo en la lucha por los derechos LGBTI en la Unión Europea y poner en evidencia las tensiones existentes entre los valores nacionales y comunitarios en este ámbito.
