La Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España establece que las empresas de entre 50 y 250 empleados deben implantar canales de denuncia efectivos antes del próximo 1 de diciembre. Esta medida afecta a 21.400 pymes en España y está transformando el panorama de cumplimiento a nivel nacional y europeo.
Para abordar esta demanda creciente, se han desarrollado soluciones simplificadas y adaptadas a las pymes en España, siguiendo el ejemplo de Portugal, donde la legislación se adelantó un año y ha servido como marco de referencia valioso para las empresas del país.
España autorizó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante (AIPE), una entidad que desempeñará un papel fundamental en la implementación y supervisión de la ley. A nivel regional, varias agencias en diferentes comunidades autónomas también participarán en la implementación y supervisión de la legislación.
Las pequeñas y medianas empresas deberán cumplir una serie de medidas antes de la fecha límite, con menos recursos que las grandes empresas y en un entorno empresarial competitivo. Por ello, EQS Group, líder del mercado en sistemas de compliance digitales en Europa, destaca 4 aspectos que las pymes deben tener en cuenta para adaptarse a la nueva realidad y cumplir con la ley.
En primer lugar, es importante proporcionar formación al personal de RR.HH. o a la persona encargada del cumplimiento en la empresa. Esta persona debe recibir la capacitación necesaria para aplicar los códigos de conducta de la empresa, gestionar las infracciones y alertar de posibles sanciones. Además, deberá establecer una cultura ética y de cumplimiento en la compañía.
En segundo lugar, es fundamental que el personal de RR.HH. conozca los requisitos de la nueva ley. Todas las empresas deben contar con una política interna de protección de informantes y disponer de un procedimiento de gestión de las denuncias recibidas.
En tercer lugar, el cumplimiento de la ley evitará sanciones económicas. Las empresas que no dispongan de un sistema interno de información después de la fecha límite podrán ser sancionadas económicamente.
Por último, las empresas deben elegir el mejor método de comunicación para los empleados. Los canales de denuncia digitales son cada vez más populares, ya que garantizan la confidencialidad y el anonimato del denunciante.
Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España y Portugal, destaca la importancia de elegir la tecnología adecuada de whistleblowing para cumplir con la ley y proteger a los informantes.
EQS Group es un proveedor internacional líder en soluciones tecnológicas regulatorias (RegTech) y se especializa en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG.
En conclusión, las pymes en España deben adaptarse a la Ley 2/2023 de Protección de Informantes antes del 1 de diciembre y cumplir con una serie de medidas. La implementación de canales de denuncia efectivos y la formación del personal son aspectos clave para el cumplimiento de la ley y el fomento de una cultura ética en las empresas.
