La Guardia Civil, en el marco de la operación Fertipas, desarrollada en las provincias de Ciudad Real, Murcia, Alicante y Toledo, se procedió a la detención de 2 personas y la investigación de 143, de las cules 41 son personas jurídicas, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, tenencia ilícita de armas y organización criminal para el cobro ilegal de ayudas de la política agraria común (PAC).
Inicio de la operación Fertipas
Esta operación, que empezó en diciembre del año 2019, tuvo como objetivo destapar una trama de cobro ilegal de ayudas de la política agraria común (PAC), al haberse tenido noticias de irregularidades en la zona del Valle de Alcudía, relacionadas con el pastoreo y fertilización de pastos.
Explotación de la operación
Durante los registros que se efectuaron, intervinieron ocho armas de fuego que se encontraban el domicilio del principal responsable de la organización, siendo detenido además por el delito de tenencia ilícita de armas.
En total fueron detenidas 2 perosnas en la provincia de Ciudad Real, siendo investigadas 102 personas físicas, de las cuales 29 son de la provincia de Murcia, 1 en Ciudad Real, 1 en Alicante y 71 en Toledo. A su vez, son investigadas 41 personas jurídicas, de las cuales 33 son de Toledo y 8 de Murcia.
Modus operandi
En el marco de las investigaciones se constató la existencia de una trama organizada que en los últimos años se encargó e poner en contacto a ganaderos, propietarios de tierras, gestorías y empresas de gestión de derechos de la PAC, en todo el territorio nacional, recibiendo ayudas por haber ejercido labores de pastoreo, modificando posteriormente esas labores hacia la fertilización de pastos, sin llegar, en ningún momento, a efectuar ninguna de las dos.
Los integrantes de la red investigada, no dudaban en realizar todo tipo de falsedades documentales, presentando documentación falsa para aparentar ante el órgano administrativo encargado del otorgamiento de las ayudas de la PAC una apariencia de realidad.
Del análisis de más de 100.000 documentos, de las conversaciones mantenidas con la administración autonómica y a la espera de informes solicitados a autoridades europeas antigraude (OLAF), el fraude podría superar los 50 millones de euros.
Diligencias y detenidos
Las diligencias junto con los detenidos han sido puestas en conocimiento del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano.
