El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha realizado una solicitud formal al presidente de la Cámara regional, Pablo Bellido, para que se elabore un informe de fiscalización que analice todo el gasto, tanto directo como indirecto, destinado a la inmigración ilegal en las entidades de derecho público de la región. Moreno ha subrayado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen el derecho a conocer cuánto dinero público, proveniente de sus esfuerzos y impuestos, se destina a esta causa, así como el impacto que genera en los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y la seguridad.
En sus declaraciones, el dirigente de Vox ha enfatizado que la región se encuentra en una situación de emergencia social y económica, caracterizada por altos niveles de pobreza y precariedad laboral. Además, ha criticado a los gobiernos del PSOE y del PP por no haber logrado revertir esta realidad, destacando que mientras las condiciones de vida de los españoles se deterioran, las políticas actuales favorecen a los inmigrantes en situación irregular.
Moreno ha señalado que la «inmigración ilegal masiva» representa un gran coste para las arcas públicas y ha señalado la falta de diferencias que hace el presidente regional, Emiliano García-Page, entre quienes han contribuido al sostenimiento de Castilla-La Mancha y aquellos que se encuentran en la región de manera ilegal. Esta situación, según el líder de Vox, pone en peligro la viabilidad de los servicios públicos esenciales.
De acuerdo con la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, este órgano tiene la responsabilidad de fiscalizar las actividades económicas y financieras del sector público y de asesorar a las Cortes cuando se solicite. Por ello, Moreno ha instado a que se cumpla esta obligación y se realice una verificación detallada del gasto relacionado con la inmigración ilegal en el ámbito regional.
Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha hecho un llamado a la Cámara de Cuentas para que actúe y aporte claridad sobre este “gasto opaco”, manifestando que los organismos públicos deben estar al servicio de los ciudadanos españoles y no de intereses ideológicos que amenacen la prosperidad de la región.
