El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una propuesta en las Cortes de Castilla-La Mancha con la intención de incrementar la eficacia de las recientes medidas del Gobierno de España para la adquisición de la primera vivienda. La iniciativa surge tras la aprobación, el pasado martes, de una línea de avales de 2.500 millones de euros por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la cual permite a jóvenes y familias con hijos menores solventar esta importante gestión.
Desde Vox señalan que la acción gubernamental resulta insuficiente y que responde a un enfoque equivocado. De acuerdo con la formación liderada por Santiago Abascal, el enfoque actual solo pone soluciones temporales a problemas más profundos, estableciendo, además, requisitos poco realistas para las familias españolas comunes, lo que no evita que personas no destinatarias acaben beneficiándose de estos esfuerzos.
Según la visión del partido, aunque las medidas se implementaran correctamente, los beneficiarios del préstamo hipotecario deberían disponer de ahorros del 7% al 12%, variando según la región, para poder cubrir los costos de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Firme en su compromiso, Vox enfatiza que no permitirá que los jóvenes y familias españolas vean frustrados sus sueños y necesidades por obstáculos fiscales o administrativos. Reiteran la necesidad de que las políticas públicas propicien y hagan accesible la posesión de una vivienda digna, especialmente para los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad económica.
Dentro de las medidas concretas solicitadas por el grupo parlamentario, se incluye una reducción del tipo general del AJD del actual 1,5% al 0,5%, lo cual tendría como objetivo estimular las transferencias de bienes inmuebles, favoreciendo la actividad inmobiliaria y posibilitando la disminución de los precios finales en la adquisición de viviendas. De igual manera, se aboga por una bonificación al 100% en la cuota del impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda habitual para familias numerosas y personas con discapacidad, siempre y cuando el valor del inmueble no exceda los 300.000 euros.
