Vox ha celebrado este miércoles un encuentro en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) con sus alcaldes, con el objetivo de resaltar la importancia de la España rural y la fortaleza del proyecto que la formación está llevando a cabo en muchos municipios del país. Durante el evento, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, afirmó que su intención es «devolverles la vida» y ofrecer a estos pueblos lo que durante años «ni unos ni otros» les han brindado.
Garriga criticó la situación de la «España abandonada», que ha sufrido el «desprecio» del bipartidismo, refiriéndose específicamente a las políticas del Partido Popular y del PSOE en relación con el desarrollo rural. Según el líder de Vox, la voluntad política puede llevar a mejoras significativas y destacó ejemplos de localidades donde su partido está en el gobierno, argumentando que han demostrado la posibilidad de mejorar los servicios públicos y la financiación en esos lugares olvidados.
El encuentro también se centró en la creación de «puntos de trabajo comunes» y en la formulación de una estrategia para los próximos meses que ponga en valor el municipalismo. Garriga resaltó el cambio en la percepción de muchos españoles, quienes ahora ven a los políticos de Vox como representantes que escuchan sus problemas y defienden sus intereses, en contraposición a una clase política considerada cómoda y más preocupada por sus «chiringuitos».
Otro de los temas abordados por Garriga fue la defensa del «Plan Nacional del Agua», una iniciativa que Vox ha promovido durante un tiempo y que se evidenció en la reciente votación en las Cortes regionales. Criticó la falta de gestión de las aguas en España, señalando que después de un marzo lluvioso, el país no ha logrado almacenar los recursos hídricos necesarios para prevenir futuras sequías.
En cuanto a la política migratoria, el secretario general de Vox denunció la gestión actual, que según él, está transformando negativamente muchas ciudades y barrios de España. Describió este enfoque como una «política migratoria suicida» impulsada por el bipartidismo, que provoca inseguridad y saturación en los servicios públicos. Garriga abogó por una política que se enfoque en combatir la inmigración ilegal, deportar a personas en situación irregular y reforzar las fronteras para evitar un efecto llamada que afecte negativamente a la prosperidad de los españoles.
Concluyó enfatizando que la única política migratoria que debería guiar al Gobierno es la de deportaciones masivas y la garantía de seguridad para todos los ciudadanos.
