El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha expresado la firme decisión de su partido de votar en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Según Moreno, esta reforma tiene como único objetivo «aumentar el gasto político y blindar sus privilegios».
El diputado regional ha criticado varios aspectos del texto propuesto, que incluye la ampliación del número de diputados, la declaración del mes de enero como inhábil a efectos parlamentarios y la posibilidad de crear una Agencia Tributaria similar a la de Cataluña. En este sentido, ha dejado claro que su intención es derogar el Estatuto.
Durante una entrevista en CMMedia, Moreno también ha arremetido contra el presidente regional, Emiliano García-Page, acusándolo de ser «el gran sostenedor de Pedro Sánchez». Ha denunciado que el gobierno actual «institucionaliza la mafia y la corrupción», señalando que los ocho diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha son «los colaboradores necesarios» que permiten que Sánchez continúe en la presidencia del Gobierno a pesar de las controversias en su gestión.
En otro orden de cosas, Moreno ha abordado el tema de la seguridad ciudadana, vinculando el aumento de agresiones sexuales con la inmigración ilegal. Ha mencionado datos del Ministerio del Interior y ha citado recientes casos ocurridos en Hortaleza y Alcalá de Henares. En este contexto, ha defendido la necesidad de una inmigración ordenada y ha alertado sobre lo que considera una «auténtica invasión de ilegales», destacando el incremento de delitos que afectan especialmente a las mujeres.
Además, ha criticado a García-Page por transformar a Castilla-La Mancha en «una agencia de colocación del PSOE», refiriéndose a la creación de 1.305 puestos de libre designación, incluyendo a asesores y altos cargos, a los que se sumarán los nuevos nombramientos en el recientemente anunciado Instituto de Seguridad Laboral y los 22 diputados adicionales. Moreno ha subrayado que el Gobierno regional parece priorizar el aumento del gasto político en lugar de enfocarse en la prevención, formación y ayuda a empresarios y trabajadores para reducir la siniestralidad laboral.
