Pedro Narro, candidato en la lista de Vox para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ha expresado el compromiso de su partido en trabajar para incrementar los fondos europeos destinados a Castilla-La Mancha, enfocando en los recursos procedentes de la Política Agraria Común (PAC), los destinados a la lucha contra la despoblación y el desafío demográfico.
En una entrevista con Diario CLM, Narro destacó que la región de Castilla-La Mancha tiene mucho en juego en la próxima negociación de estos fondos, una conversación que está a punto de comenzar. «Nosotros ya estamos trabajando para que no solamente se aumente el presupuesto sino que se dirijan mejor todas esas medidas, líneas de actuación y reglamentos», señaló.
Narro hizo especial énfasis en la necesidad de contar con un apoyo sólido para combatir la despoblación, argumentando que es uno de los retos principales de la comunidad castellanomanchega. En este sentido, criticó las estrategias de la Unión Europea respecto a las zonas rurales, al considerar que la visión a largo plazo ofrecida por la entidad no contempla adecuadamente el papel de la agricultura, la ganadería y la caza como ejes económicos de dichas áreas.
El candidato también abordó el descontento existente en el sector primario, donde señaló que la insatisfacción debe movilizar una reflexión profunda, no solo en términos electorales, sino en cuanto a las prácticas adoptadas en años recientes. Según Narro, el Pacto Verde elaborado por la coalición de partidos socialistas y populares en la Comisión Europea produjo consecuencias negativas para los agricultores, tales como el aumento de costes, la expansión burocrática y la creciente importación de productos de terceros países.
«Yo no sé lo que van a votar los agricultores, lo que sí les pediría es que, por favor, se tomen en serio estas elecciones, que vayan a votar», exhortó Narro, enfatizando la relevancia que tienen las decisiones tomadas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre el porvenir de su sector.
Finalmente, Narro criticó que la Unión Europea haya concebido políticas desde los despachos, desconectadas de la realidad y fundamentadas en ideologías que no consideran las verdaderas necesidades de los ciudadanos ni los costes asociados a las medidas medioambientales propuestas. A su juicio, la legislación promovida bajo estas condiciones ha generado una burocracia extensa y onerosa que los ciudadanos deben afrontar sin apoyo suficiente.
