En la reciente reunión de la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha, se ha debatido una quinta propuesta presentada por Vox, la cual aboga por reforzar la seguridad de las viviendas ante la ocupación ilegal. A pesar de haber conseguido el apoyo del Partido Popular, la iniciativa no ha prosperado dada la falta de acuerdo con la mayoría socialista.
Iván Sánchez, portavoz de Vox, argumentó que la propuesta busca agregar mayores garantías y agilizar los procesos en contra de la ocupación ilegal, extendiendo así la legislación previamente consensuada entre el PP y el PSOE en el Parlamento. Esa normativa anterior definía explícitamente el concepto de «ocupa ilegal», buscando evitar lagunas legales, y propugnaba un endurecimiento de penas y una persecución más intensa de las mafias que se lucran con la ocupación ilegal de viviendas. Sin embargo, lamenta que esa ley no haya tenido el efecto esperado al no ser implementada a nivel nacional al concluir la legislatura.
Por su parte, María Roldán del PP enfatizó la importancia de distinguir entre los casos de ocupación ilegal y situaciones de vulnerabilidad, defendiendo que mientras se debe proceder al desalojo de los ocupas ilegales, es necesario proteger a aquellos en situación de vulnerabilidad. Roldán criticó al gobierno estatal por un creciente problema de ocupación desde la llegada al poder de Sánchez, alegando que dicho incremento ha conllevado un aumento en la preocupación ciudadana y que la oferta de vivienda en alquiler ha disminuido como resultado de políticas de vivienda deficientes. Asimismo, indicó que gran parte de la responsabilidad recae en políticas socialistas, las cuales habrían facilitado la actividad de delincuentes y mafias que se aprovechan de las vulnerabilidades en la aplicación de las leyes.
En defensa de las posturas socialistas, la diputada Marisa Sánchez respondió a las críticas apuntando que la ocupación es una competencia de ámbito nacional; sin embargo, resaltó que el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mantiene firme en defender los intereses de la región. Además, ella lamentó que Vox no proporcionara datos concretos relativos a Castilla-La Mancha en la propuesta, acusándoles de utilizar el miedo y la crispación como herramientas políticas, y reprobó al Partido Popular por centrarse en obtener atención mediática en vez de colaborar eficazmente en soluciones legislativas.
El debate entre los partidos subraya una vez más el conflicto entre diferentes visiones políticas sobre cómo abordar el problema de la ocupación ilegal y proteger los derechos de los propietarios de viviendas en Castilla-La Mancha y más ampliamente en España. La proposición no de ley presentada por Vox queda desestimada en ausencia del consenso necesario, y la discusión acerca de la ocupación y la seguridad en la vivienda continúa siendo un tema de discusión relevante y divisivo entre los partidos políticos de la región.
