En una medida que ha generado controversia y preocupación, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció su intención de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros. Esta ley contempla la imposición de un 30% de impuesto sobre las donaciones extranjeras recibidas por las ONGs en el país. Tal anuncio sigue a una protesta realizada en las cercanías de la residencia presidencial, provocada por un proceso de desalojo judicial contra unas 300 familias del cantón El Triunfo, alegando residencia desde 1985 y enfrentando una difícil situación financiera derivada de una crisis agrícola de los años 90.
Bukele sostiene que detrás de la protesta se encuentran “ONG globalistas” y “grupos de izquierda”, los cuales, según él, intentan desestabilizar su gobierno. Ha destacado la profesionalidad de las pancartas usadas durante la manifestación como evidencia de una conspiración organizada. La respuesta a dicha protesta por parte de la Policía Militar incluyó el desalojo de los manifestantes y la detención de al menos tres personas, entre ellas un abogado ambientalista y un líder religioso. Estas acciones han sido criticadas tanto a nivel local como internacional, considerándolas arbitrarias.
En busca de una solución, y como respuesta a las críticas, Bukele presenta su propuesta legislativa argumentando que permitirá a las ONG “pagar para ayudar”, sugiriendo que el dinero recaudado a través del impuesto ayudará a resolver la deuda de la cooperativa y permitirá a las familias permanecer en sus tierras. Sin embargo, este nuevo proyecto ha generado aún más especulación sobre las verdaderas intenciones del presidente.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han condenado la represión de la protesta y han exigido la liberación de los arrestados, además de una resolución justa para las familias afectadas. Paralelamente, figuras de derechos humanos comparan la medida propuesta por Bukele con estrategias empleadas por regímenes autoritarios en Nicaragua, Venezuela o Rusia, los cuales buscan debilitar el tejido social y civil.
La propuesta de Ley de Agentes Extranjeros no es nueva en el contexto político salvadoreño; una versión anterior con un impuesto del 40% fue presentada en 2021, pero eventualmente fue retirada. Esta insistencia en regular las donaciones ha encendido las alarmas sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y el derecho de organización en El Salvador, en un momento en que la tensión entre el gobierno y sectores críticos parece ir en aumento.
