Este lunes se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara la vista del juicio contra ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quienes se encerraron hace siete años en una sucursal de Cabanillas del Campo en protesta por un desahucio. Los acusados no se presentaron en la sala, pero se concentraron desde primera hora de la mañana ante los juzgados, apoyados por una amplia variedad de colectivos, sindicatos, formaciones políticas y ciudadanos. Los manifestantes consideraron que se trataba de un juicio político destinado a reprimir su derecho a la protesta, y exigieron la absolución de los activistas.
La vista se celebró sin la presencia de los acusados gracias a un acuerdo entre la Acusación Particular y la Fiscalía. Inicialmente, la Acusación Particular había solicitado penas de hasta tres años y medio de prisión, pero finalmente se adhirió a la solicitud de la Fiscalía, que pedía doce meses de prisión por desobediencia y allanamiento, renunciando a las acusaciones de coacciones. Al tratarse de penas inferiores a dos años, el juicio pudo llevarse a cabo sin la presencia de los imputados, quienes de haber estado ausentes sin justificación habrían enfrentado la posibilidad de detención.
La defensa de los acusados argumentó que su intención no era causar daños, sino mostrar solidaridad con Paola, una mujer que iba a ser desahuciada. Los hechos se remontan a 2017, cuando los activistas accedieron a una oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo para apoyar a Paola, lo que resultó en su arresto.
Diego Herchhoren, uno de los encausados, declaró a Europa Press que su ausencia en el juicio fue una decisión firme, calificando la vista de «injusta» y defendiendo el derecho a desobedecer leyes que consideran injustas.
El día también estuvo marcado por una concentración organizada por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, que unió fuerzas con otros colectivos como AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras y Podemos, entre otros, para protestar por lo que consideran un juicio político. Los activistas reclaman una resolución justa después de más de siete años de espera, reafirmando su compromiso de insumisión ante lo que consideran un ataque a su derecho a protestar.
