La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la marca Sumar, Yolanda Díaz, ha indicado durante un acto público en Albacete que las cinco grandes empresas de distribución de alimentos en España «concentran más del 50% del mercado», algo que es «oligopolio, aquí y en la China», al tiempo que ha pedido «actuar» desde el Gobierno y decir a esas empresas, «que dicen llorando que sus márgenes no son tan grandes, que tienen que poner a disposición de los ciudadanos una cesta de la compra salubre para las familias de este país». «Y les decimos, además, que sea a su costa. De esto va la democracia».
En este punto, ha avanzado que esa es su intención desde el Gobierno, y aunque ha admitido que es «lenta», ha recordado que es gallega y que tiene «paciencia», aludiendo a los 9 meses que ha tardado en conseguir la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Durante este acto, celebrado en una Filmoteca de Albacete abarrotada, también ha vuelto a reivindicar que los bancos congelen las letras hipotecarias con retroactividad al mes de julio, algo «imprescindible» para evitar el «malestar social», toda vez que con salarios de 1.500 euros son inasumibles subidas que alcanzan los 250 euros mensuales.
También ha reclamado un plan «ambicioso» de vivienda social, pidiendo a los grandes tenedores «intervenir precios de la vivienda para que la gente pueda vivir con dignidad».
A los fondos de inversión, les ha dicho que «hay que garantizar la habitabilidad» de quien no puede permitirse una vivienda. «De esto va un gobierno que defienda a los trabajadores. Hoy, el problema fundamental, además del paro, se llama vivienda. Es un derecho fundamental y no queremos especular con ella, y no vamos a permitir que otros se llenen los bolsillos», ha abundado.
Otra de las reivindicaciones de Díaz ha girado en torno a la recuperación de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, ya que el actual despido «no se acomoda a la Carta Social Europea».
«La indemnización tiene que reparar el daño que cause y lo debe de hacer con lucro cesante y daño emergente», ha dicho, y aunque no ha recabado los «votos suficientes» para sacar adelante la propuesta, se ha mostrado «optimista», ya que según considera «los tribunales españoles están diciendo que hay que acomodar la legislación española» a esa Carta Social Europea.
DEFIENDE SU GESTIÓN DE LA CRISIS
Díaz ha defendido la gestión de la crisis derivada de la pandemia sanitaria, comparándola con la salida de la crisis financiera de 2008, «de la que se salió 10 años después».
Ahora, en cambio, «se ha demostrado cómo con rigor, con conocimiento, con compromiso, se puede salvar a la gente», algo que se ha hecho «diseñando el mejor mecanismo de protección social», como a su juicio han sido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que consiguieron que «tres millones de personas ahora tengan dignidad».
También, ha indicado, «se han salvado a 550.000 empresas» en la salida de esta crisis, «con convicción, con amor», y mandando el mensaje de que el Gobierno «está aquí para cambiar la vida de la gente».
«Creo, con humildad, que es la primera vez desde la Segunda República en la que el Ministerio de Trabajo no es la sucursal de nadie. No somos una sucursal del Ministerio de Economía, ni de las empresas de este país, ni del Ministerio de Hacienda», ha aseverado para confirmar que ha representado «la voz de los trabajadores».
Con todo ello, ha asegurado que está en el Consejo de Ministros «para representar a la mayoría social» de este país, que son «los trabajadores, celadores, periodistas, reponedores», que ahora tienen «voz propia».
Yolanda Díaz ha admitido que «queda mucho por hacer», pero ha presumido de que uno de cada dos contratos que se firman «ahora son indefinidos», lo que hace que «un joven pueda decir que se alquila un piso».
Esta reforma laboral, «que decían que no serviría para nada», ha acercado a España a niveles de baja temporalidad en el empleo en comparación con vecinos europeos, según ha desgranado la ministra.
En todo caso, ha lamentado que la temporalidad en el empleo público esté por encima del 30%, algo que «hay que corregir de inmediato» y que afecta a las comunidades autónomas y a los prestadores de servicios básicos. «Es indecente tener en Castilla-La Mancha esta tasa de temporalidad», ha agregado.
Otra de las «grandes cosas» que se han hecho en el Gobierno ha sido la regulación del sector de trabajadoras del hogar, «que no tenían derechos, que eran invisibles, y que hoy pueden vivir un poco mejor».
También ha hecho referencia al Convenio del Artista, colectivo que hoy «tiene más derechos en este país»; y se han revalorizado las pensiones, todo en el diseño de un país «ancho, en el que caben todas».
REIVINDICACIÓN MANCHEGA
Según ha dicho durante el acto, está «especialmente contenta» con su recorrido por todo el país, pero quería recalar en Albacete en especial por una «gran amiga», como es la cantante Rozalén, natural de la localidad albaceteña de Letur.
Parafraseando a la compositora, ha asegurado que Sumar «es un cruce de caminos» que intenta sumar voces para decir que «caminando juntas», serán capaces de «cambiar la vida de la gente».
También quería pasar por La Mancha como «parte fundamental de la cultura de este país», ya que La Mancha «es el Quijote, es la cultura universal, es también Sara Montiel, es Almodóvar, es José Luis Cuerda».
En este punto, ha dicho que quiere gobernar «para la mayoría social» pretendiendo un país «en el que La Mancha no esté esquinada», evitando «un país pequeñito, que a veces, da miedo».
LA EXCONSEJERA DE PODEMOS, EN EL ACTO
Yolanda Díaz ha estado arropada en el acto por la exconsejera del Gobierno de Castilla-La Mancha en la pasada legislatura nombrada por Podemos, Inmaculada Herranz, que ocupó la cartera de Garantías Ciudadanas para comandar la puesta en marcha de la renta garantizada en la Comunidad Autónoma, algo que nunca llegó a sustanciarse.
Herranz ha hecho una exposición abordando el problema de la pobreza, asegurando que tras quince años de crisis «muy duros con una respuesta gubernamental insuficiente» que ha redundado en un 40% de la población castellanomanchega «en riesgo de pobreza», llegó la crisis sanitaria de 2020, donde las políticas «sí reequilibraron» la riqueza.
Según ha defendido, lo primero que se hizo fue aumentar un 20% las transferencias para exclusión social y un 30% de prestaciones periódicas, lo que sí considera una buena actuación contra la pobreza, consiguiendo que al menos no creciera durante esta última crisis.
Sin embargo, ha dicho que la mayor parte de las prestaciones sociales se limitan a «proteger» para que la gente más vulnerables caiga en la pobreza, punto en el que ha hablado del Ingreso Mínimo Vital para poner en valor su influencia sobre la población.
Ha sido aquí donde ha reparado en que hay comunidades autónomas que no complementan este ingreso, como es el caso de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha pedido «diagnosticar la realidad» para poder actuar sobre el sector de población más vulnerable.
