Vecinos de la calle Río Yedra 8 en Toledo y miembros de la Plataforma por el derecho a una vivienda digna en la ciudad han registrado este viernes una carta dirigida al presidente regional, Emiliano García-Page, para demandar una intervención en esta promoción de viviendas titularidad del Gobierno regional ante el mal estado de la mismas y los problemas de conflictividad y salubridad que se están generando.
A las puertas del Palacio de Fuensalida, en declaraciones a los medios antes de registrar la carta, José Luis Calvo, portavoz de esta plataforma, ha reclamado que cada vecino pague un alquiler en relación a su renta y la «intervención permanente, total y absoluta» de los equipos sociales, así como un equipo de educadores sociales que atienda a las familias.
Concretamente, en alquiler, comunidad, e IBI, para rentas de la unidad habitacional piden que las que sean de 450 euros deberían quedar exentas de estas cuantías; en las rentas de hasta 600 euros, se pagarían 30 euros; desde 600 euros hasta 1.000, 130 euros; desde 1.000 hasta 1.500 euros, 280 euros, «no superando los 400 euros en total» para aquellas que sobrepasen los 1.500 euros.
Reclaman una rehabilitación integral de la promoción, para que se pueda vivir dignamente, contando con los vecinos. Consideran que es «posible» porque hay «fondos de recuperación europeos».
En declaraciones a los medios ante el Palacio de Fuensalida, uno de los vecinos, ha denunciado el «engaño tras engaño» de Gicaman –empresa encargada de la Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha–, que recibe dotación económica de la Consejería de Fomento y «no arregla nada». «Cuando sacamos los coches para desinfectar los garajes, hicieron un muro para que no entráramos más en cocheras y trasteros. Hay 28 viviendas de okupas que no tienen aseo ni cuarto de baño, y en las habitaciones de los contadores hacen sus necesidades».
Otra vecina ha denunciado que «viven entre ratas, con plagas y la gente se está poniendo enferma», lamenta que en las viviendas siga habiendo delincuencia, pero la Administración «mira para otro lado» hasta que vengan las próximas elecciones y el problema «lo afronte otro». «Nos han metido en una ataúd en vida», ha aseverado.
CONTENIDO DE LA CARTA
En la carta presentada este viernes dirigida al presidente autonómico y solicitando un encuentro con él, señalan que en 2016 tuvieron la primera reunión con la Junta, administración que «manifestó la voluntad de colaborar para solucionar la problemática de una comunidad, que, pese a su deterioro, solo llevan construidas nueve años».
Desde ese año se han sucedido protestas, asambleas y reuniones con los representantes de la Junta de Comunidades y con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo. «En este tiempo, no hemos conseguido una colaboración mínima con Gicaman y escasamente con las distintas autoridades relacionadas con la vivienda pública en Toledo. Se han llevado a cabo varios proyectos con ONGs, con un resultado final de muy escasa incidencia al ser proyectos que aparecen y desaparecen».
Creen que estas viviendas, «van camino de convertirse en un gueto, como fueron en su momento «las 48 viviendas del barrio de Benquerencia». «En este momento, falta una gestión adecuada en la adjudicación de las viviendas, aún faltan 63 viviendas por adjudicar, lo que ha supuesto que sean ocupadas y en la gestión diaria de la promoción, un mantenimiento permanente, una política social digna que contribuya a la convivencia de la vecindad y que la solución no quede reducida a la presencia continua de la policía».
De este modo ven necesario «una política de participación vecinal que refuerce los lazos comunitarios y contribuya a la solución de la problemática de las viviendas y la propia imagen externa de estos pisos, que peyorativamente se denominan, en la prensa y en el propio barrio, como ‘los pisos negros'».
Todo esto, señalan, «es el resultado de una política errónea desde que se adjudicaron las primeras 85 viviendas en 2013, que tiende a guetificar; y no está orientada a ofrecer una vida digna a la vecindad».
