La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha declarado que es «urgente y prioritario» que el Consejo de Ministros apruebe la subida salarial del 0,5% adicional para los empleados públicos, la cual está pendiente para el año 2024 y fue comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Araque hizo estas afirmaciones en Toledo, donde se encontraba acompañada por la secretaria regional de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy, justo antes de la celebración del II Congreso de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha.
Ambas representantes expresaron su preocupación por la situación actual de los empleados públicos, quienes tienen sus salarios congelados y carecen de información sobre la posible subida salarial para 2025. En este contexto, Araque ha exigido una «subida salarial plurianual» para los trabajadores del sector público, argumentando que esta decisión no debería depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, Araque ha abordado la necesidad de mejorar el acceso a la administración pública, calificando como «anacrónicos» los procesos de selección, que pueden tardar más de tres años. A su vez, ha destacado las ventajas que podrían ofrecer los sistemas de digitalización mediante la inteligencia artificial en las administraciones.
También ha hecho mención a los servicios públicos gestionados de manera indirecta por la vía privada, señalando que enfrentan desafíos debido a la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación. Un ejemplo de esta problemática es el transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
Finalmente, Araque ha subrayado la importancia de negociar una ley básica estatal de servicios sociales que brinde protección a las trabajadoras y trabajadores de este sector, en el que, según sus palabras, el 90% son mujeres. Ha resaltado que es vital reforzar sus condiciones laborales, especialmente en áreas como la dependencia, la ayuda a domicilio, y en centros dedicados a la atención de migrantes. En este sentido, recordó la reciente tragedia que resultó en la muerte de una educadora en Badajoz, un indicativo de la vulnerabilidad que enfrentan estos profesionales.
UGT ya ha elaborado una propuesta de legislación en materia de servicios sociales, considerada por el Gobierno como necesaria, aunque el proceso formal para su elaboración aún no ha comenzado. Araque reconoció que la creación de una ley básica de esta magnitud no es un proceso que se pueda resolver en un corto periodo de tiempo.
