El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) ha celebrado una reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo que anula la creación de 98 puestos de libre designación introducidos por la Junta de Comunidades en 2019. Estos puestos estaban destinados a diversas consejerías, así como a Presidencia y la Agencia del Agua.
En una rueda de prensa, el portavoz del STAS, Gustavo Fabra, acompañado por el abogado del sindicato, José Emilio Rubio, destacó que este fallo judicial, aunque no es firme, «cuestiona seriamente el tipo de administración que se está creando en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Fabra denunció que este modelo administrativo se asemeja a una «pirámide invertida», donde se asignan puestos a dedo, en contraposición a los principios de mérito y capacidad establecidos por la Constitución española.
La sentencia de fecha 19 de mayo responde a diez demandas interpuestas por STAS-Intersindical en relación con las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo llevadas a cabo en 2019, cuando Emiliano García-Page alcanzó la mayoría absoluta y reconfiguró la administración mediante el Decreto de Estructura. Esta reestructuración incluyó la creación de 117 puestos de libre designación, muchos de los cuales supusieron «una subida de sueldo encubierta».
El abogado del sindicato explicó que las modificaciones suprimieron las plazas de los secretarios provinciales de todas las consejerías, pero introdujeron nuevos puestos que no ampliaban los cometidos y responsabilidades, aunque implicaban incrementos en el complemento específico y el nivel de los puestos.
Además, la sentencia condena a la Junta de Comunidades por no respetar los criterios legales de negociación colectiva, al anular las resoluciones que modificaban las relaciones de puestos. Rubio citó ejemplos de los puestos recurridos, como la creación de dos jefes de área en la Consejería de Fomento, que contaban con un complemento específico elevado, sugiriendo que el nivel retributivo podría alcanzar aproximadamente 50.000 euros.
En cuanto a la situación de las personas que actualmente ocupan esos puestos, se informó que permanecerán en sus cargos hasta que la sentencia sea firme, y que, en el peor de los casos, regresarían a su nivel anterior, garantizando que «nadie se va a ir a la calle». El STAS instó a todos los afectados a presentar reclamaciones a la Dirección General de la Función Pública y pidió la dimisión del director general de Función Pública y del consejero de Administraciones Públicas, argumentando que es necesario un liderazgo comprometido con una administración imparcial.
Fabra subrayó el incremento en el número de puestos de libre designación en la administración, señalando que en 2015 había 778, mientras que se proyecta que en 2025 haya 1.024, reflejando un aumento del 42% en esta categoría. Criticó que «el dinero que se gasta en puestitos no se gasta en plazas y en los puestos base», acusando a la administración de crear una estructura con demasiados altos cargos y personal eventual, mientras se descuida el personal que trabaja en los servicios públicos esenciales, como las delegaciones provinciales y las oficinas de empleo.
