El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su intención de llevar al Tribunal Constitucional el real decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, que recibió convalidación en el Congreso de los Diputados el pasado jueves. Durante su participación en el ciclo ‘Vecinos y amigos’ del Heraldo de Aragón, García-Page destacó que su Gobierno está preparando un informe jurídico que facilitará esta decisión.
El presidente regional calificó este decreto como un «drama» y un «atropello lamentable», subrayando que la norma recién aprobada es una «barbaridad» en términos de solución al problema de los menores migrantes. Según García-Page, lo que se ha ratificado es una «treta» del Estado que impone a las comunidades autónomas una idea de «solidaridad obligada», algo que consideró inapropiado dado que, en su opinión, la solidaridad no puede ser impuesta.
«Ahora nos están obligando a cubrir un cupo que no solo incluye a los menores de Canarias, sino a todos aquellos que se queden sobresaturados en el resto de España», lamentó García-Page, quien también criticó el contexto en el que se ha alcanzado este acuerdo, describiéndolo como uno de «inflamación dialéctica». En este sentido, el presidente hizo hincapié en que la redistribución de estos menores se está llevando a cabo sin las necesarias conversaciones con las autonomías, además de señalar que el Estado no ha contribuido económicamente a esta política.
García-Page recordó que la redistribución de menores desde Canarias y, en ocasiones, desde Andalucía se había gestionado anteriormente mediante acuerdos. Hizo hincapié en que el verdadero problema no reside en los menores, sino en aquellos que utilizan la situación de los niños para fines políticos.
