El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas a través del bono social de conectividad, con el que espera que hasta 5.662 familias castellanomanchegas puedan mejorar su acceso a Internet con ayudas de hasta 240 euros que se descontarán de sus facturas habituales de servicios de telecomunicación por un periodo de doce meses.
Así lo ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, este martes en rueda de prensa, donde ha comentado que esta convocatoria ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno y se nutrirá con 1,3 millones procedentes de fondos Next Generation transferidos a la Comunidad Autónoma a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Escudero ha puesto en valor que, según los cálculos de la Administración regional, hasta un 31 por ciento de las familias beneficiarias se ubicarían en el entorno rural, por lo que ha destacado que esta convocatoria también contribuirá a la fijación de población y al reto demográfico.
En este punto, ha comentado que, a raíz de la pandemia, se ha observado que la conectividad es «una garantía para fijar población», convirtiéndose así en uno de los objetivos de este bono social de conectividad.
El titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que pueden ser beneficiarias del Bono Social de Conectividad todas aquellas personas consumidoras de Castilla-La Mancha que ya han sido beneficiarias del Bono Social Térmico en el año 2021.
Para solicitarlo, pueden hacerlo a través de cualquiera de las 20 operadoras digitales que van a colaborar con la Consejería para gestionar este bono y cuyo listado, junto a la información adicional que puedan necesitar, se puede encontrar en el portal https://ayudasconectividad.castillalamancha.es.
Además, una vez publicada la convocatoria, se enviará una comunicación por SMS, carta y correo electrónico a los potenciales beneficiarios del Bono con las instrucciones para su solicitud. Asimismo, las empresas operadoras colaboradoras a través de sus medios también pueden informar a los beneficiarios y, en coordinación con la Consejería de Bienestar Social, cualquiera que pudiera mantener dudas al respecto podría subsanarlas a través de su profesional de atención social de referencia.
