Las comunidades del Partido Popular (PP) que forman parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) han decidido tomar medidas legales por la «desatención» de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante su solicitud para aumentar el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria. Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, al finalizar una reunión con la ministra.
Vázquez ha advertido que la postura de García provocará que las comunidades del PP adopten «otra serie de medidas de tipo administrativo, de tipo legal». Subrayó la urgencia de esta cuestión, afirmando que el déficit de médicos en atención primaria es un problema de gran envergadura. Según el consejero, se estima que el sistema necesita entre 5.000 y 6.000 médicos de Medicina Familiar y Comunitaria en este momento.
En cuanto al consenso alcanzado en el nuevo plan de salud mental, Vázquez ha afirmado que el PP está de acuerdo, dado que cuenta con el apoyo de sociedades científicas, aunque todos los consejeros del PP han expresado su preocupación. Hicieron hincapié en que la falta de profesionales como psiquiatras y psicólogos clínicos podría poner en riesgo la implementación de este ambicioso plan.
El consejero también citó las palabras de la comisionada de salud mental, quien mostró sorpresa por la viabilidad del plan, sugiriendo que podría ser difícil de ejecutar. Con un presupuesto de 39 millones de euros para el plan de salud mental, Vázquez criticó la situación, indicando que la financiación equivale a apenas 80 céntimos por ciudadano español. Esto lo llevó a cuestionar si se trata de un «brindis al sol» o simplemente un intento de «cubrir un expediente» por parte de las autoridades.
