El Consejo de Ministros ha avanzado en la reforma de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobando en segunda vuelta el proyecto de ley este martes. Este paso facilita el inicio de la tramitación parlamentaria, siendo el Congreso de los Diputados el próximo escenario donde se votará. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha resaltado la importancia de esta reforma, señalando que se trata de «un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad».
La reforma introduce varias modificaciones significativas, como el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para las personas con un grado I de Dependencia. Como novedad, también se incluirá que aquellos que obtengan un grado II o III de dependencia puedan contar con un reconocimiento del 65% de discapacidad. Otro aspecto destacado es la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, que implica que las administraciones deben adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva.
Adicionalmente, se ha eliminado el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia instaurado en 2012 y se suprime el plazo de dos años máximo para las prestaciones económicas de cuidados en el hogar. La iniciativa amplía el servicio de ayuda en el domicilio, permitiendo que los cuidadores acompañen a los beneficiarios en actividades fuera del hogar, como visitas médicas o compras.
El proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal y estipula que debe ser complementaria a otros tipos de apoyo, garantizando su acceso incluso para personas que residan en centros especializados. Incluye un catálogo de nuevos servicios como atención en viviendas compartidas y préstamos de productos de apoyo como sillas de ruedas y tecnología asistiva.
También establece nuevos derechos para las personas en situación de dependencia, permitiendo que decidan sobre las prestaciones y servicios que reciben, y garantiza la atención médica sin importar el lugar de residencia. Este enfoque busca evitar situaciones como las vividas en residencias durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se prevé que las personas en grado II o III de dependencia puedan recibir servicios temporales adaptados a su situación mientras esperan por recursos que han solicitado.
Los centros de día, considerados como un vital servicio de cercanía, se adaptarán para ofrecer apoyo fuera de sus instalaciones. Además, se contempla que los cuidadores recibirán el pago de las prestaciones económicas hasta el último día del mes del fallecimiento de la persona dependiente.
La ley enfatiza la necesidad de ofrecer condiciones laborales dignas y estables para los trabajadores del sector, acordando criterios de calidad y estándares de empleo a través del Consejo Territorial. Se calcula que para 2030 se necesitarán 260.000 trabajadores adicionales en este ámbito.
Por otro lado, se agilizará la revisión del Programa Individual de Atención, mejorando el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a los servicios, donde el tiempo de espera será un criterio prioritario.
En el área de la discapacidad, el proyecto se alinea con el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, promoviendo la accesibilidad universal y ofreciendo un programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. También se prevén modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas destinadas a obras de accesibilidad en edificios de vivienda.
Finalmente, se resalta que cualquier tecnología aplicada en la atención deberá respetar la autonomía de los usuarios, prohibiendo prácticas coercitivas injustificadas en el ámbito de la salud mental y estableciendo garantías procesales reforzadas.
