El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva iniciativa destinada a limitar y restringir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia. Durante su visita al CEIP Ana Soto en Albacete, Bustinduy subrayó los esfuerzos de su ministerio para abordar la saturación publicitaria que enfrentan los menores, quienes son expuestos a cerca de 4.000 anuncios al año, lo que equivale a aproximadamente 11 anuncios diarios.
Bustinduy explicó que todavía están explorando el mejor instrumento normativo para implementar esta medida y mencionó ejemplos internacionales que han demostrado ser efectivos en la reducción de la demanda de alimentos insalubres entre los jóvenes. El ministro argumentó que la exposición constante a este tipo de publicidad en una etapa temprana de la vida puede afectar gravemente la formación de hábitos alimenticios saludables.
Reconociendo la influencia de una industria poderosa, Bustinduy anticipó posibles resistencias a la iniciativa, pero reafirmó la responsabilidad del ministerio de proteger el interés general y asegurar el derecho de los niños a una alimentación saludable. La medida se enmarca dentro de una serie de acciones del ministerio, que incluye la reciente aprobación de un Real Decreto sobre comedores escolares sostenibles. Este decreto tiene como objetivo asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan acceso a cinco comidas saludables al día en sus escuelas, priorizando productos frescos y limitando aquellos que son precocinados o contienen azúcares añadidos.
El CEIP Ana Soto fue destacado como un modelo de buenas prácticas en alimentación escolar, y Bustinduy expresó la importancia de que estas experiencias sirvan de ejemplo para otros colegios en el país. Además, mencionó que se pretende aplicar un enfoque similar en hospitales y residencias para garantizar que estas entidades proporcionen alimentos de calidad y de origen local.
En otro ámbito, Bustinduy elogió al Consell de Ibiza por su reciente decisión de retirar anuncios de pisos turísticos ilegales de la plataforma Airbnb. Afirmó que se han brindado herramientas a diversas administraciones para combatir el problema de los alquileres ilegales que afectan el derecho a la vivienda de muchas familias.
El ministro también defendió la propuesta de Ley de Atención al Cliente, que exige a las empresas ofrecer servicios en idiomas cooficiales cuando sea solicitado, argumentando que es una medida de sentido común que busca profundizar en los derechos de los trabajadores. Además, enfatizó otros aspectos importantes de la ley, como el compromiso de atender reclamaciones en un tiempo razonable y la prohibición de las llamadas de spam.
Finalmente, Bustinduy abordó un problema técnico relacionado con las pulseras antimaltrato, asegurando que se tomarán medidas correctivas para garantizar su correcto funcionamiento en el futuro. Por su parte, la viceconsejera de Educación de Castilla-La Mancha, Mar Torrecilla, destacó que la región ya ha tomado iniciativas en línea con el nuevo Real Decreto sobre alimentación saludable, invirtiendo en becas para asegurar que los estudiantes de familias vulnerables tengan acceso a los comedores escolares.
