Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han solicitado una reunión urgente con el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. La iniciativa, registrada este viernes, busca discutir los «riesgos de privatización» que podría conllevar la futura Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha.
Victoria Ortiz, representante de CSIF, ha señalado que la solicitud surge ante la inclusión en el anteproyecto de ley de figuras como las entidades colaboradoras de la Administración, las cuales serán entidades privadas. Según Ortiz, estas entidades tendrían la capacidad de realizar procedimientos administrativos relacionados con solicitudes de ayuda, certificaciones y autorizaciones que actualmente son manejados por los empleados de Función Pública.
El nuevo marco legal permitiría que, al gestionar las solicitudes de los ciudadanos, «no lo haga Función Pública», sino que «lo puede hacer perfectamente una entidad colaboradora». Esta modificación se percibe como un grave riesgo de privatización de las responsabilidades administrativas, lo que inquieta a los sindicatos.
José Luis Martínez, del sector autonómico de CCOO, también ha expresado su preocupación, indicando que, a pesar de la intención de agilizar la burocracia, el anteproyecto comporta una amenaza para las potestades que deben permanecer en manos de personal funcionario, representando una garantía para la ciudadanía.
El texto regula, además, una nueva figura de declaración responsable que permitirá a los ciudadanos iniciar procedimientos que previamente requerían autorización expresa de la Administración. Martínez ha advertido sobre los peligros que esto conlleva, citando posibles daños irreparables en áreas sensibles como el patrimonio o el medio ambiente.
Rosario Madrigal, delegada de UGT, ha comentado sobre el coste económico que podría implicar para los ciudadanos recurrir a estas entidades colaboradoras, así como el riesgo de manejo indebido de datos sensibles por parte de entidades no pertenecientes al sector público.
Gustavo Fabra, del sindicato STAS C-LM, ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a establecer un diálogo social respecto a este anteproyecto, el cual se introdujo sin consulta ni participación previa. Fabra ha manifestado la importancia de que el Gobierno aclare la necesidad de estas medidas y sus posibles repercusiones.
Para movilizar a la ciudadanía y organizaciones sociales, los cuatro sindicatos han preparado un manifiesto que será distribuido en colectivos vecinales, medioambientales y colegios profesionales. Sin descartar futuras «movilizaciones», informaron que comenzarán con asambleas en los centros de trabajo de la Junta.
Fabra ha subrayado la urgencia de defender la potestad pública, criticando que lo que se presentó en este anteproyecto es un tema que «ni se atrevió a tocar» la expresidenta María Dolores de Cospedal, y ha hecho un llamado a la administración a reflexionar sobre los costos de una posible privatización de los servicios públicos.
