La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha manifestado su disposición a revisar la Orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y la ejecución de medidas judiciales. Esta decisión se produjo tras una reunión entre altos responsables de la Consejería y representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO. Entre ellos se encontraban Ana Delgado, secretaria general del sindicato, Antonio Romero, responsable de Sectores Socioeducativos, y Paco de la Rosa, secretario regional de CCOO, quienes hicieron declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la consejería.
Delgado expresó su esperanza de que la Consejería envíe pronto una comunicación formal sobre las modificaciones que se realizarán en la Orden. Subrayó la importancia de que estas enmiendas se recojan en el documento oficial para evitar movilizaciones en el sector.
Por su parte, Romero destacó que la orden publicada recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no incorpora el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, ni cláusulas que permitan la revisión de precios para garantizar las subidas salariales en el futuro. Esto plantea un escenario preocupante, ya que el Concierto tiene una duración inicial de cuatro años, ampliable a otros seis, y podría dejar a las entidades y trabajadores con salarios congelados durante ese tiempo. Romero también alertó sobre la intención de algunas entidades de reducir los servicios que actualmente gestionan en los centros de menores, lo que dejaría a muchos empleados, predominantemente mujeres, en una situación vulnerable.
En su crítica, Romero exigió una mayor sensibilidad por parte de la Consejería, señalando que no se consultó adecuadamente a las partes antes de incluir estas disposiciones en la Orden. Se advirtió que, si no se llevan a cabo las correcciones necesarias, se podría proceder legalmente contra esta decisión, lo que podría prolongar el conflicto durante años.
De la Rosa también alzó la voz en contra de lo que considera insensibilidad hacia los trabajadores del sector. Cuestionó la falta de justificación política para omitir la referencia al convenio colectivo, que es fundamental para la regulación de los derechos laborales en este ámbito. Exigió que se otorgue el mismo nivel de atención y respeto a los empleados que a las empresas que gestionan estos servicios.
El líder regional de CCOO se reafirmó en su opinión sobre la naturaleza de las ONGs que prestan estos servicios, argumentando que, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro, desempeñan funciones similares a las empresas y, por lo tanto, tienen responsabilidades frente a sus trabajadores y frente a la administración pública.
