La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha expresado su preocupación tras la reciente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra de Juventud, Sira Rego. En este encuentro, García Torijano lamentó que no se haya discutido un aumento en la financiación propuesto por el Gobierno de España para el reparto de menores, señalando que los 100 millones de euros ofrecidos son insuficientes.
En sus declaraciones a los medios, la consejera indicó que, al realizar un análisis de los costos asociados con el mantenimiento de las plazas para menores y la financiación previamente destinada por el ministerio en años anteriores, la cifra necesaria para abordar la crisis asciende a cerca de 250 millones de euros. «Con 100 millones de euros se llega hasta donde se llega», destacó, subrayando que esta cantidad no resuelve el problema de forma integral, sino que simplemente traslada la responsabilidad de una comunidad autónoma, como puede ser Canarias, hacia otras.
García Torijano también aclaró que Castilla-La Mancha había propuesto mejoras al decreto, centradas en la necesidad de financiar adecuadamente los recursos necesarios para el traslado de niños no acompañados. Resaltó que ante la actual crisis migratoria, es crucial que la respuesta se gestione a nivel comunitario, abogando por una financiación adecuada que garantice la calidad de atención a estos menores.
La consejera defendió que el presupuesto destinado a esta causa no pertenece únicamente al Gobierno de España o a las comunidades autónomas, sino que está destinado a los niños y a sus cuidados. Hizo hincapié en que cualquier desplazamiento de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla debe ir acompañado de la financiación necesaria para no comprometer el sistema de protección en Castilla-La Mancha.
García Torijano reveló que la ministra ha informado que el traslado de menores comenzará «en verano» y sugirió que se convoque otra conferencia sectorial en la primera quincena de julio. Esta reunión, según ella, debería servir para acordar los criterios de reparto y la financiación que aún está abierta a discusión.
Finalmente, durante la Conferencia, se votó a favor de la propuesta de reparto para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, contando con el voto favorable de Castilla-La Mancha, dado que estas comunidades también enfrentan situaciones delicadas y, al igual que Castilla-La Mancha, necesitan el respaldo financiero correspondiente.
