El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha expresado su satisfacción tras participar en la sesión plenaria del Comité de las Regiones de Bruselas, donde se discutió la lucha contra la sequía. Caballero ha destacado que la Comisión Europea ha mostrado interés por utilizar recursos económicos y avances tecnológicos para abordar este problema, una postura que coincide con la defendida por su gobierno.
Entre las propuestas presentadas, Caballero ha mencionado la necesidad de «levantar las hipotecas que existen sobre los ríos» en Castilla-La Mancha, haciendo hincapié en la situación del río Tajo, que lleva más de 45 años bajo restricciones que imposibilitan mantener los caudales ecológicos necesarios. A su juicio, esta situación contrasta con la capacidad del Levante de recurrir a la desalación como una alternativa viable.
En cuanto a la postura del Gobierno ‘popular’ de Aragón, el vicepresidente ha manifestado su sorpresa ante las declaraciones de la vicepresidenta Mar Vaquero, quien cuestionó la sostenibilidad de los trasvases. «Si están en contra del trasvase del Ebro en Aragón, hay que considerar que también están en contra del trasvase del Tajo en Castilla-La Mancha», ha señalado Caballero.
El vicepresidente ha argumentado que eliminar los trasvases es poco práctico, ya que el Levante español tiene una fuerte dependencia del agua del Tajo y se niega a aceptar la realidad de que la desalación debe ser la solución. «Deben entender que el trasvase se acabará, y que tendrán que buscar alternativas sostenibles», ha subrayado.
Las declaraciones de la vicepresidenta de Aragón han resaltado su rechazo a construir el trasvase del Ebro, considerando que no representa una solución viable y que, por el contrario, podría ser un retroceso. «Buscamos alternativas sostenibles que no perjudiquen a ningún territorio», ha afirmado con firmeza.
La discusión sobre la gestión del agua y la sostenibilidad de los trasvases continúa siendo un tema candente en la agenda política, evidenciando las tensiones entre comunidades autónomas que dependen de estos recursos esenciales.
