La reciente aprobación unánime de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional de Venezuela ha generado un debate intenso sobre su impacto en el futuro político del país. El chavismo, representado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, celebra esta legislación como una oportunidad histórica para fomentar la paz y la reconciliación entre los ciudadanos, sugiriendo que permite a Venezuela «despojarse del odio» y promover una convivencia democrática. Sin embargo, la reacción de varias ONGs y figuras de la oposición no ha sido tan positiva, expresando serias dudas sobre los verdaderos alcances de esta amnistía.
Entre las principales críticas, se ha señalado que la ley excluye ciertos delitos graves, como las violaciones a los derechos humanos y el homicidio intencional, lo que podría dejar fuera a muchos que buscan justicia. La ONG Foro Penal, que contabiliza a 644 presos políticos en el país, advirtió que la medida podría ser vista como «restrictiva». A pesar de estas inquietudes, algunos opositores, como Stalin González, consideran que la amnistía podría ser un paso hacia la reconstrucción de la justicia, aunque reconocen que no es una solución perfecta.
El contexto político se complica aún más tras la reciente captura del ex presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, una situación que podría haber influido en la necesidad de este gesto político por parte del gobierno. A medida que se desarrolla este debate, la sociedad venezolana observa con cautela, preguntándose si esta ley realmente será el puente hacia un nuevo horizonte o simplemente un símbolo vacío en medio de un clima de desconfianza y escepticismo.
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