El Gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una drástica medida al revocar la concesión de vuelos a varias aerolíneas internacionales, acusándolas de unirse a las «acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos. Esta decisión, que afecta a aerolíneas como Iberia, TAP y Avianca, se produce tras la recomendación de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de evitar el sobrevuelo del espacio aéreo venezolano por considerarlo potencialmente peligroso. Con esta revocación, las autoridades venezolanas buscan ejercer un mayor control sobre su conectividad aérea en un momento especialmente crítico dado el cercano período navideño.
El gobierno de Nicolás Maduro ha afirmado que decidir quién vuela y quién no es parte de su soberanía, reiterando que se han reservado el derecho de admisión. Mientras tanto, un avión estadounidense con migrantes deportados llegó al país, que las autoridades locales aseguran demuestra que no hay peligro en el espacio aéreo de Venezuela, evidenciando así un «doble discurso» de Washington. En el contexto de tensión militar, aviones de combate B-52H de EE.UU. han estado realizando ejercicios en el Caribe, en una operación destinada a combatir el narcotráfico, lo que intensifica aún más el clima de incertidumbre en la región.
En respuesta a estas acciones, el Gobierno venezolano, a través de sus altos funcionarios, ha convocado a la organización comunitaria y al diálogo, insistiendo en que el camino no es la militarización. Mientras se plantea la posibilidad de un diálogo directo entre Maduro y Trump, la vicepresidenta Delcy Rodríguez criticó fuertemente la presencia militar estadounidense y la colaboración de naciones como República Dominicana en esta estrategia, definiéndola como una «locura imperial». En este delicado panorama, el Gobierno venezolano intenta mantener una postura firme ante un aumento de la presión internacional.
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