El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha expresado este lunes su «profunda preocupación» ante la situación que se está desarrollando en torno a la reversión del uso del antiguo hospital Virgen de la Salud de Toledo. Este conflicto se intensifica debido a las supuestas dificultades que estaría imponiendo la Tesorería de la Seguridad Social sobre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) respecto a dicho proceso.
Las declaraciones del alcalde se produjeron tras la firma de un convenio con Plena Inclusión, en respuesta a preguntas de los medios sobre una noticia publicada hoy por El Digital de Castilla-La Mancha, que señala que la Tesorería habría endurecido las condiciones para aceptar la reversión del hospital.
Velázquez ha subrayado que, aunque estas decisiones corresponden a la Junta de Comunidades y la Tesorería, el plan de revitalización del barrio de Palomarejos por parte del Ayuntamiento incluye la recuperación de la parcela del antiguo hospital y la antigua Escuela de Enfermería, que se pretende convertir en residencia de estudiantes. Con esto en mente, desde el Ayuntamiento se aboga por «eliminar todas las trabas burocráticas» que puedan ralentizar este proceso y, aunque han mantenido comunicaciones con la Tesorería sobre la antigua Escuela de Enfermería, subrayan que la reversión del hospital es «fundamental».
En cuanto a los posibles destinos de la parcela donde se encontraba el Hospital Virgen de la Salud, el regidor ha comentado que la extensión es «muy grande» y puede adaptar muchos usos, incluyendo la posibilidad de construir viviendas o la instalación del cuartel de la Guardia Civil, opción ya mencionada por el Consistorio. Sin embargo, ha manifestado su descontento por el «silencio absoluto» que rodea este asunto.
Carlos Velázquez también ha recordado que el plazo acordado entre el Ayuntamiento y el Ministerio para definir el futuro de los terrenos del cuartel finalizó a finales de julio. A pesar de los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento, tras el verano no han recibido respuesta alguna del Ministerio del Interior, lo que consideran una «falta muy importante de responsabilidad y de deslealtad institucional».